Entre las diversas iniciativas interesantes que apadrina este periódico para contribuir a la promoción cultural en la ciudad, sin duda, una de las más sobresalientes es la celebración del Foro La Región; a veces, con el formato de distendida sobremesa en un conocido restaurante de las afueras, donde un o una ponente de reconocido prestigio interviene para acercar algún asunto de actualidad a un auditorio ávido de interés.
En tal marco tuvo lugar, el octubre pasado, una charla sobre la Audiencia Nacional impartida por uno de sus jueces más destacados, Manuel García-Castellón; quien detalló -a lo largo de una hora escasa y sin necesidad de leer una sola línea-, los principales frentes de actividad de dicho tribunal, además de responder, con soltura y solvencia dignas de encomio, un variado abanico de preguntas que formuló el público presente.
Durante su luminosa intervención en el Foro ourensano, el juez mencionó de pasada, entre los numerosos problemas que abordó, la idea de “justicia universal”. Es un principio clásico del Derecho Penal, por el que se supera la tradicional territorialidad que preside ese orden jurisdiccional, permitiendo así que puedan ser enjuiciados ciertos delitos ante los tribunales de un país, pese a haberse cometido fuera de su territorio.
En cualquier caso, la noción de justicia universal no se interpreta igual en todos los Estados, ofreciendo cada legislador una cierta variedad de supuestos no siempre coincidentes. Uno de los países que la ha regulado con mayor detalle es Francia, cuyo código de procedimiento penal recoge algún supuesto interesante, del que quizás sepa el juez García-Castellón; pero, por si procede, se lo detallaré a continuación sumariamente.
Se trata del artículo 689.7º de dicho código, que permite a los jueces franceses conocer de ciertos actos ilícitos de violencia en aeropuertos civiles fuera de su territorio, siempre que el culpable se encuentre en Francia. Esto es: los responsables de los desórdenes causados en el aeropuerto del Prat, por mucho que sean amnistiados en España, harán bien en abstenerse de pisar el país galo, dado que, además, un ciudadano francés falleció en el altercado.
Investigando el juez García-Castellón en la actualidad esos delitos, asistimos con pasmo a las declaraciones del secretario de Estado de Justicia -acusándolo casi de prevaricar- y que habrían merecido el cese fulminante de este cargo, de vivir en una democracia consolidada. No digamos ya las de cierto político independentista, cuyo apellido hace honor a su conducta, en pleno debate de investidura a la presidencia del Gobierno.
Aunque en nuestro país la envidia es el deporte nacional, resulta tan sorprendente como triste que profesionales de la talla de este juez no disfruten de un reconocimiento público más que muy merecido. Pero que se vean sometidos a un linchamiento político y mediático desde las más altas esferas del poder va mucho más allá de la estupefacción, para adentrarse en el peligroso terreno de la locura colectiva.
Un conocido empresario ourensano, triste y prematuramente fallecido, con frecuencia citaba una frase que suele atribuirse a Teresa de Calcuta (disculpas, si no fuese así): “Algunas personas tienen valor, otras sólo tienen precio”; entre las primeras, es indudable que se hallan los jueces y magistrados que velan por la correcta aplicación de la ley. Entre las segundas, hemos visto un claro ejemplo en estos últimos meses. Y de cuál es su precio.
