Opinión

Ay, mujeres...

Si hay una realidad indiscutible es que para que la democracia funcione es necesario que existan partidos políticos, ya que son los que conducen las aspiraciones y demandas de los electores, además de representarlos en las mayores instancias del poder. Es este un hecho que deberían tener a diario presente tanto los que ocupan los más modestos puestos de libre designado, hasta aquellos que se sientan en las más altos estamentos.

De ahí que, con independencia de simpatías e ideologías, una de las mejores cosas que le puede haber sucedido a Galicia es que, después de mucho moler el zueco, al fin el PSdG vaya camino de una estabilización con su nueva directiva, considerando más aún que lo único que consiguió Gonzalo Caballero fue hundir el partido hasta hacerlo casi fenecer, por olvidar dos cosas. La primera es que nadie se puede erigir en líder, siendo los demás quienes deciden que lo es. La segunda recuerda al extinto Maestre de los Templarios Jacques de Molay, en que cuando a alguien lo nombran para un cargo, debe evitar considerarlo como un merecimiento, para estar, por el contrario, al servicio de él. Esa humildad no sólo es la que hace a las personas grandes, sino que redunda en beneficio de todos.

Esa soberbia, por desgracia análoga a la de Pedro Sánchez, es la que ha permitido y fomentado la investigación parlamentaria del llamado caso Kitchen, en manifiesto ataque a la independencia judicial y, por ende, contra el propio sistema democrático, ya que, lejos de una investigación que aclarara cualquier mala praxis política, lo único que ha evidenciado es el afán del Gobierno de erradicar a la oposición, al precio de un régimen autoritario.

La reconstrucción en sede parlamentaria no ha hecho más que permitir a los integrantes del Gobierno y sus aliados, insultar, ofender y acusar sin pruebas -tomando como la biblia el testimonio del reo convicto y confeso, Luis Bárcenas-, para al final poner de relieve que las sucesivas sentencias judiciales han sido acertadas al confirmar la pena de distintos candidatos y cargos, a nivel personal, y no a toda una formación política, que se ha visto señalada en un fallo como “responsable civil a título lucrativo” también llamado a título gratuito.

Basado en el artículo 122 del Código Penal: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”, siendo su uso frecuente en delitos económicos o patrimoniales certificando que aquellos que no habiendo participado en el delito, obtuvieron beneficio o aprovechamiento ilícito como consecuencia de la acción penalmente punible atribuido a otro, que es la forma más clara de decir que hubo personas en el PP que delinquieron, pero que la Justicia reconoce que no fue el partido, más si cabe que el propio Bárcenas admite haber llevado una contabilidad paralela de 80 millones de euros, que los jueces recuperaron reclamando a paraísos fiscales en cuentas a nombre del tesorero, pero de ninguna formación política.

Esta mala costumbre de politizar la Justicia, utilizando unas instituciones para atacar a otras, es una de las acciones más dañinas a la vida democrática y a la convivencia. Una lamentable práctica que busca destruir a una formación que representa a casi la mitad de los ciudadanos, como si no tuvieran derecho a participar en las decisiones que se toman en el país.

Algo que recuerda la mala costumbre de eliminar a las mujeres de los más altos puestos de responsabilidad. Sobre la mente de todos aún gravita el circo mediático y casi judicial montado alrededor de Susana Díaz para impedir que fuera candidata a la presidencia del Gobierno de España, o las maniobras contra Cristina Cifuentes, finalmente exonerada pero nunca resarcida, o de Soraya Sáenz de Santamaría, excluida y relegada. Queda sobre el tapete Isabel Díaz Ayuso quien, al margen de ideologías, podría ser candidata a Moncloa, si no se la cargan antes por el camino, propios o ajenos, lubricando con falacias y mentiras la maquinaria de la politización de la Justicia.

Te puede interesar