La decisión del Tribunal Constitucional ha sido clara y, lo que es más importante, unánime: anula la resolución del Parlamento catalán que abogaba por la “desconexión” hasta alcanzar la independencia, e inducía a la desobediencia a las instituciones del Estado… incluido por tanto el Tribunal Constitucional.
El proceso por tanto queda detenido y, si sus promotores insisten en mantenerlo, caerá sobre ellos el peso de la ley, ya que por iniciativa del gobierno, el Congreso aprobó hace pocos meses, solo con el apoyo de los diputados del PP, la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que obliga a que se cumplan sus sentencias con el mismo rigor que las de los tribunales ordinarios. Lo que significa que, de no aceptar la decisión del TC sobre la resolución parlamentaria, sus promotores pueden ser sancionados con multas, apercibimiento e incluso con la suspensión de sus cargos públicos.
No llegará la sangre al río. Con el transcurso del tiempo se ha visto la falta de unidad en las filas independentistas, hasta el punto de que ni siquiera logran ponerse de acuerdo respecto a quién debe ser el presidente de la Generalitat en la próxima legislatura, y también se han desinflado de forma estrepitosa sus bravatas y amenazas con ir a por todas, hasta el punto de que han caído en lo que solo se puede llamar cobardía cuando, en sus alegaciones al Tribunal Constitucional que suspendió hace dos semanas la resolución independentista, los servicios del Parlament apuntaron que no se trataba de una resolución, sino de una “declaración de intenciones”, sin fuerza legal. Unos razonamientos que, sin duda, encendieron los ánimos de los independentistas comprometidos con sus ideas, que pudieron comprobar la marcha atrás de sus dirigentes políticos cuando vieron sobre sus cabezas la amenaza de que el Constitucional actuara con firmeza y pudieran incluso ser inhabilitados.
Esas alegaciones se convierten en un descrédito para quienes llevaron al parlamento catalán la resolución, los dirigentes de Junts pel Sí con Mas a la cabeza, pero también Oriol Junqueras, Raul Romeva y la propia presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell. Sin ningún género de dudas, se han arrugado ante la primera iniciativa del TC, lo que dice poco de sus ansias de luchar por lo que consideran el principal de sus objetivos.
El proceso independentista ha sufrido un duro golpe. No porque Rajoy haya dicho que jamás aceptaría una Cataluña independiente, o porque los cuatro partidos hoy más representativos se declaren contrarios a la independencia, o porque la mayoría de las empresas han puesto finalmente la proa a la independencia y amenazan con sumarse a los que ya se han ido de Cataluña. Los principales adversarios de la independencia son los que la promueven: un patio de vecindad en el que se machacan unos a otros con sus ambiciones personales, y que tiemblan en cuanto un tribunal les planta cara.
