Parece que es evidente que las posturas frente al inminente trámite de reforma de la llamada “Ley Mordaza” están claramente polarizados. Por un lado, los partidos más orientados hacia la derecha ponen el grito en el cielo, ya que a su entender aboga por la impunidad, desprotege a los ciudadanos y pone en grave riesgo la integridad física de los agentes policiales y de sus familias. Por otro lado, los partidos más orientados a la izquierda acusan a quienes la critican de secundar la vulneración del derecho a manifestarse y de respaldar un golpe a los derechos y libertades civiles. En política, las cuestiones irreconciliables siempre encuentran cobijo.
Lo cierto es que son varios los puntos en discusión. Pero en uno de ellos, claramente he de posicionarme a favor de los auspiciadores de la reforma, a saber, PSOE, Podemos y su retahíla de socios. Por coherencia, pero con matices.
La polémica reforma pone en el punto de mira que se deje de considerar una infracción grave la grabación y difusión de imágenes de los policías. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado manifiestan que tal circunstancia puede propiciar que se ponga en grave riesgo la integridad física de los agentes. Razones no les faltan. Pero esta posibilidad puede perfectamente enmendarse si se garantizase, bajo una contundente sanción, que en la difusión de tales imágenes desapareciera toda posibilidad de mostrar el rostro o la identidad de los policías, que no sus actuaciones.
Partamos de la base de que el monopolio de la fuerza o de la utilización de la violencia la sustenta en exclusiva el Estado. Los que criticamos la existencia de monopolios, porque su mera existencia resulta consustancial a la proliferación de situaciones de abuso y excesos varios, hemos de ser coherentes y criticar su existencia, sean estos de naturaleza pública o privada. Por añadidura, deberíamos complacernos con la existencia de contrapoderes que limiten o, cuando menos, fiscalicen, las prácticas que puedan ser consideradas abusivas por parte de estos monopolios. La división de poderes o la existencia de la prensa gráfica son dos claros ejemplos. En el segundo caso, como transmisores a la sociedad de comportamientos excesivos que puedan haber cometido las fuerzas de seguridad en el desempeño de sus funciones.
Desde este punto de vista, no parece sensato que la sociedad civil no pueda defenderse de situaciones que puedan ser abusivas y que sean ejercidas desde un monopolio estatal. Por tanto, la difusión pública de tales imágenes debería ser tolerada para su posible denuncia, siempre y cuando, la identidad personal de los agentes resulte protegida. Por otra parte, parece obvio que la ley permita, a su vez, la utilización de las “body cams” con una finalidad estrictamente judicial y que permita captar la totalidad de sus intervenciones y no una parte sesgada de las mismas.
