La pérdida de toda jurisdicción en materia de políticas monetaria y cambiaria es, en España, uno de los lamentos más recurrentes desde el inicio de la crisis. Y también uno de los que reviste mayor grado de demagogia.
La pérdida de toda jurisdicción en materia de políticas monetaria y cambiaria es, en España, uno de los lamentos más recurrentes desde el inicio de la crisis. Y también uno de los que reviste mayor grado de demagogia. Con el argumento de que nuestro país podría haber mitigado la debacle con devaluaciones competitivas que incentivaran, sin más reformas, la exportación, son muchos los que todavía hoy se rasgan las vestiduras por la pérdida de uno de los símbolos de la soberanía nacional: la moneda. Olvidan que este tipo de huidas equivale a pedir un préstamo de competitividad que rara vez se devuelve, y que más temprano que tarde corrige la inflación.
Con independencia de que la inflación reduzca el valor real de la deuda contraída, ayudando de este modo a 'pagarla', es claro que favorece al que tiene la potestad de imprimir moneda: incrementa de manera artificial su nivel de gasto y de injerencia en la economía, a costa de destruir el valor de lo ahorrado por los que hayan optado por sacrificar consumo pasado y presente en beneficio del futuro. Funciona, en definitiva, como un impuesto revolucionario que familias y empresas pagan sin plena consciencia de ello, y que beneficia a los poderes públicos.
Así, pues, la soberanía monetaria no es, per se, garantía de nada. Bielorrusia, Venezuela y Argentina la mantienen. Y la ejercen, a conveniencia, de manera recurrente. Ahora bien, han sido -por ese orden y a pesar de la manipulación estadística- los tres países más inflacionarios del mundo en 2013, con tasas comprendidas entre el 74,9 y el 28,4%, respectivamente, como en fecha reciente han dado a conocer el Banco Mundial y la CIA norteamericana, a través de su World Factbook. Lejos de abordar de manera decisiva la escasa competitividad que caracteriza desde hace décadas a sus economías, sus gobernantes se aferran al populismo de manual. Esto es, con devaluaciones nominales para las que -también forma parte del ritual- no tardan en identificar artífices externos; y regulación de precios, llámense 'solidarios' (Venezuela) o 'cuidados' (Argentina). Con la consiguiente pérdida de alicientes para que la iniciativa privada asuma riesgos (termina por comercializar lo que produce en mercados informales) y la conocida escasez en los anaqueles. Sus gobiernos regulan cada vez más de menos en eriales industriales condenados a importar cuanto consumen. Hasta que lo regulen todo de nada.
