España crece. Pero no porque lo haya anticipado el Banco de España, lo acabe de certificar el INE o lo reiteren los miembros del Gobierno en cada una de sus comparecencias. España crece -desde hace tiempo, además- según se desprende de un informe de Gestha, la asociación de Técnicos de Hacienda, que sitúa la economía sumergida del país, con datos de 2012, en el equivalente al 24,6% del PIB. Casi 7 puntos porcentuales más que al inicio de la crisis, cuando representaba -según la misma fuente- el 17,8%. Y cerca del doble del porcentaje medio de la OCDE, en el entorno del 13% según la Universidad austríaca Johannes Kepler, de Linz. En definitiva, la proporción que en España alcanza este fenómeno sólo se ve superada por las de Italia y Grecia en el marco de la eurozona. Y sólo encuentra parangón, en el pasado reciente, en 1979 y 1993, coincidiendo con los momentos más críticos de la otras dos grandes crisis económicas que sufrió el país desde su reencuentro con la democracia.
El caso es que entre 2008 y 2012 el PIB oficial de España se contrajo un 5,4%. O, lo que es lo mismo, se redujo en 58.786 millones de euros. En ese tiempo, el PIB informal creció un 30,7%; porcentaje que, sin más opacidad que la conocida al inicio del período, hubiera permitido sumar 69.972 millones de actividad. Lo que, para mayor sorpresa, supondría haber crecido alrededor del 1% en plena depresión.
No resulta sencillo estimar lo que esto hubiera supuesto en términos de empleo. Aunque se puede intuir, sin temor a equivocarnos, una tasa de paro significativamente inferior al 20%, siendo la actual del 26%. Más fácil se antoja pensar en términos de recaudación, pues la simple existencia de economía sumergida limita el grado de flexibilidad del sistema fiscal ante iniciativas de política tributaria, al tiempo que condiciona su eficacia, como se ha venido demostrado durante los últimos ejercicios. Así, bastaría converger hasta la proporción observada en la OCDE para, con una presión fiscal similar a la actual (32,4%), generar cada año el equivalente al 60% del déficit comprometido para 2013. La conclusión es simple: por su uso ingresamos menos, y por su abuso pagamos todos.
