Conforme se aproxima el (enésimo) desenlace del rescate financiero griego, mayores son las alusiones a la insostenibilidad de la deuda pública de aquel país; a lo que su montante actual (315.509 millones de euros) representa para cada uno de sus 11,032 millones de habitantes (28.599 €); o a lo dilatado del plazo que sería necesario para, con un nivel de crecimiento como el que mantiene, porque Grecia crece, cancelarla algún día.
El caso es que, salvo raras excepciones, que -por lo general- han obedecido a condicionamientos extremos- la deuda pública no se devuelve ni se cancela. Se refinancia, ya sea con el objetivo de abaratar el coste medio del volumen vivo, ya con el de atender el calendario y los compromisos de amortización. Así, a cada vencimiento de una emisión en vigor sucede una emisión nueva, realizada en un marco institucional fiduciario que requiere de la concurrencia de, al menos, cinco elementos: convicción en lo que concierne en la calidad del activo (seguridad); capacidad para poder negociarlo a posteriori (liquidez); una remuneración atractiva para el inversor (rentabilidad) y, al mismo tiempo, asumible para el emisor (coste), y –no está de más recordarlo- una mínima habilidad en lo relativo a la gestión, la responsabilidad y el compromiso del equipo de gobierno (confianza), sobre la base de que, en última instancia, persigue la permanencia de su administración en el tiempo, no liquidarla: también con raras excepciones, que las hay, insólito resultaría gobernar con el ánimo de hacer de lo gobernado un páramo irreconocible.
Las crisis de deuda se desatan ante la ausencia de alguno o varios de los elementos enunciados. Es por eso que se considera sostenible la deuda de Japón, cuando en términos relativos es la más abultada del mundo (237,3% de su PIB). O que, en sentido contrario, Argentina no pudiera soportar la suya poco después del corralito, cuando apenas alcanzaba el 44,9% de su ya maltrecho PIB (2001) y que el aparato público bolivariano de Venezuela amenace insolvencia con un “exiguo” 36,3%. Porcentaje que presentaba España cuando, en 2007, comenzó la crisis y que para sí quisiera la eurozona (93,9%), la UE de 28 miembros (88,0%) o los Estados Unidos (104,2%) que siguen mereciendo, al menos de momento, confianza.
