"Ni en la lista de territorios no autónomos ni de las Naciones Unidas ni ninguna resolución dice que España lo es. Lo dejó de ser en el año 75”
(Albares, ministro de Asuntos Exteriores ante el Congreso de Diputados).
Una de dos, o miente a sabiendas, o no tiene ni repajolera idea del Derecho Internacional incidente en la cuestión de la descolonización del Sahara Occidental. En ambos casos, lo suyo es grave. Lo que España dejó de ser en 1975 fue una potencia colonizadora en el Sáhara Occidental. En ese mismo año, 14 de noviembre, España cede la soberanía de ese territorio a Marruecos y Mauritania, en el llamado Acuerdo Tripartito firmado en Madrid. Un acuerdo ilegal, ya que España, como potencia administradora de iure, no podía abandonar unilateralmente sus responsabilidades en el territorio, conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de la ONU. Responsabilidades recogidas en el Artículo 73 de la Carta fundacional, y, posteriormente, en su resolución 1514 de 14.12.1960.
En ese año de 1975, a consulta de Marruecos y Mauritania al Tribunal Internacional de La Haya, éste se pronuncia en que no existen elementos probatorios para otorgarles soberanía alguna sobre el territorio saharaui, ya ocupado por Marruecos, y al no contar con identidad alguna o representación legitima de la población saharaui. Solo existen, pues, dos partes legitimadas: el pueblo saharaui, representado por la República Árabe Democrática Saharaui, y España, como potencia administradora de iure. España, pues, no puede eludir esa responsabilidad legal.
En 1991 Marruecos se obliga a realizar un referéndum en 1992 en el Sahara Occidental para que decidiese el pueblo saharaui su autodeterminación o no. Marruecos lo ha ido dilatando con el tiempo, alegando “problemas de censo”. Mientras seguía ocupando militarmente el territorio, no completamente. Aun así, para Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en Compostela, y director del Centro de Estudios del Sáhara Occidental, “para cuando la parte de este pueblo no sufre la ocupación, su voluntad de celebrar un referéndum, España tiene la obligación, y no solo el derecho, de reconocer, incluso provisionalmente, el Estado proclamado por el pueblo que tiene derecho a la independencia y que quiere expresar ese deseo”. Lo ha repetido hasta la sociedad la ONU en sus resoluciones.
Me falta espacio para seguir replicándole públicamente, con jurisprudencia ad hoc. Aunque, bien pensado, sería tarea inútil. Le toca justificar el pan que recibe de quien le otorgó una cartera ministerial. Solo un consejo, cuídese de Mohamed VI, dominador del engaño. “A la postre, el engaño resulta ser un humilde parásito de la ingenuidad” (Ortega y Gasset). En política, la ingenuidad tiene un coste. ¿A qué precio le sobrevendrá desde Argelia?
