El pleno de Celanova, valiéndose de los votos de la oposición que desde noviembre de 2012 ostenta la mayoría, aprobó ayer la contratación del abogado socialista José Arcos -miembro de la dirección ourensana y letrado de varias causas judiciales incoadas por el PSdeG- para defender los intereses del Concello frente al pleito interpuesto por el alcalde, Luis Ferro y los ediles populares Manuel Domínguez, Máximo Losada y Pilar Regueiro.
Es un procedimiento que se abrió al entender el regidor y los concejales que el acuerdo plenario adoptado en julio por la oposición sobre la rebaja de las retribuciones del alcalde (de 3.700 a 2.350,84 euros brutos al mes y 14 pagas) y la supresión de dos de las tres dedicaciones exclusivas, con un ahorro anual de 60.000 euros al año a las arcas públicas, 'se salta la legalidad', decía Luis Ferro.
El veterano edil popular Maximino Rodríguez fue el encargado de presidir la sesión ante el abandono de la sala por parte de los cuatro demandantes 'por ter interés no punto da orde do día', explicó el regidor. Rodríguez y Manuel Recarey fueron, pues, los únicos representantes del PP en el pleno por no haber firmado el recurso. Ambos, que optaron por la abstención pese a las peticiones del BNG de que se sumaran a la elección del letrado que ejercerá la defensa del Concello, aseguraron que de momento han optado por no posicionarse en el procedimiento pero que 'non hai diferencias' en el grupo de gobierno porque están 'plenamente de acuerdo en considerar que está justificado el recurso y sus fundamentos', dijo Rodríguez.
JUDICIALIZAR EL CONCELLO
En el debate, en el que la oposición aprovechó para criticar los 20 años de mandato popular 'enchufista' y de 'privilexios', PSOE y BNG concidieron en que el recurso de los cuatro cargos populares 'vai contra o Concello e os edís firmantes', que obedece a los 'intereses persoais e económicos' de los demandantes y que les corresponderá a ellos defender y velar por los intereses del Concello. Maximino Rodríguez defendió la postura del PP y dijo a la oposición que 'vostedes, a sabendas, tomaron unha resolución que era irregular e os informes técnicos o decían claramente' y que será la Justicia la que dirima esta situación.
Sobre este punto, socialistas y nacionalistas reconocían la existencia de algún error pero alegaron ya en aquella sesión se intentó subsanar y los técnicos lo impidieron. María Jesús Boo, portavoz del PSOE, añadía que la rebaja aprobada en julio está 'absolutamente xustificada, é un clamor popular e ademáis cumpre cos mandatos do PP'. Por su parte, el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez, preguntó al grupo de gobierno 'se pensan xudicializar todo aquelo que vaia en contra dos seus intereses e do peto dos seus amigos'; argumento que compartía la no adscrita, Montserrat Álvarez.
El veterano edil popular Maximino Rodríguez fue el encargado de presidir la sesión ante el abandono de la sala por parte de los cuatro demandantes 'por ter interés no punto da orde do día', explicó el regidor. Rodríguez y Manuel Recarey fueron, pues, los únicos representantes del PP en el pleno por no haber firmado el recurso. Ambos, que optaron por la abstención pese a las peticiones del BNG de que se sumaran a la elección del letrado que ejercerá la defensa del Concello, aseguraron que de momento han optado por no posicionarse en el procedimiento pero que 'non hai diferencias' en el grupo de gobierno porque están 'plenamente de acuerdo en considerar que está justificado el recurso y sus fundamentos', dijo Rodríguez.
JUDICIALIZAR EL CONCELLO
En el debate, en el que la oposición aprovechó para criticar los 20 años de mandato popular 'enchufista' y de 'privilexios', PSOE y BNG concidieron en que el recurso de los cuatro cargos populares 'vai contra o Concello e os edís firmantes', que obedece a los 'intereses persoais e económicos' de los demandantes y que les corresponderá a ellos defender y velar por los intereses del Concello. Maximino Rodríguez defendió la postura del PP y dijo a la oposición que 'vostedes, a sabendas, tomaron unha resolución que era irregular e os informes técnicos o decían claramente' y que será la Justicia la que dirima esta situación.
Sobre este punto, socialistas y nacionalistas reconocían la existencia de algún error pero alegaron ya en aquella sesión se intentó subsanar y los técnicos lo impidieron. María Jesús Boo, portavoz del PSOE, añadía que la rebaja aprobada en julio está 'absolutamente xustificada, é un clamor popular e ademáis cumpre cos mandatos do PP'. Por su parte, el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez, preguntó al grupo de gobierno 'se pensan xudicializar todo aquelo que vaia en contra dos seus intereses e do peto dos seus amigos'; argumento que compartía la no adscrita, Montserrat Álvarez.
