La petición de información incluye acuerdos plenarios y de juntas de gobierno relacionadas con Aquagest desde 1996 hasta la actualidad.
Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) regresaron en la mañana de ayer al consistorio de Celanova con el objetivo de seguir recabando documentación relacionada con la empresa Aquagest. La petición de información remitida la semana pasada al Concello, que incluye acuerdos plenarios y de juntas de gobierno relacionadas con Aquagest desde 1996 hasta la actualidad, formaría parte de la instrucción abierta en el año 2014 vinculada con la conocida como Operación Pokémon.
El Concello celanovés acordó en 1996 la concesión administrativa de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua, saneamiento y mantenimiento de la depuradora de Celanova a Aquagest. Convenio que, en dos ocasiones (2003 y 2008, antes de que expirase su vigencia) decidió prorrogar en solitario el grupo de gobierno del PP presidido entonces por Antonio Mouriño, actual parlamentario gallego.
El acuerdo, especialmente el último que amplió la concesión hasta el 2026, fue muy criticado por la oposición socialista que acusó a Mouriño de buscar "informes hechos a medida" para prorrogar el contrato con la empresa tras el informe contrario de la interventora. Los nacionalistas del BNG, que también criticaron y votaron en contra de la prórroga, pedían ayer que "aínda que un pouco tarde, se chegue ao final do asunto" y, partiendo de la presunción de inocencia, "esperemos que actúe o xulgado e, de confirmarse as irregularidades das que falaban daquelas, depuren todas as responsabilidades no Concello", dijo Leopoldo Rodríguez.
