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La cadena alimentaria quiere otra ley

La industria alimentaria y el sector agrario demandan castigar la venta a pérdidas y dar publicidad a las sanciones

Una vaca en una explotación de leche, uno de los productos más perjudicados por la venta a pérdidas.
Una vaca en una explotación de leche, uno de los productos más perjudicados por la venta a pérdidas.
La cadena alimentaria quiere otra ley

La Ley de la Cadena Alimentaria ha sido un instrumento importante en los últimos tres años para luchar contra la inexistencia o los contratos irregulares, así como para el cumplimiento de los plazos de pago entre los operadores de la misma cadena, sector agrario, las industrias y la distribución.

 

 

Opinión generalizada es que la Ley promovida en el marco del Ministerio de Agricultura y la Agencia que se constituyó en el mismo departamento para el control de la misma, han cumplido con los objetivos previstos en función de sus competencias, tales como contratos, pagos en tiempo y forma y evitar cobros irregulares. Hay sectores donde es preciso reconocer que se han dado pasos muy importantes para poner orden a la situación anterior como son los casos de la leche, el de las bodegas, aceite o frutas y hortalizas. Sin embargo, existen otros como el mercado de los cereales, donde las docenas de pequeños operadores locales o comarcales, siguen sin saber de contratos, de precios fijos pactados, de referencia o de plazos de pago.

Sin embargo, es igualmente una opinión generalizada que sus competencias, así como sus posibilidades de actuación, se han quedado cortas para hacer frente a otros problemas graves que hoy preocupan básicamente al sector agrario en cuestiones como la venta a pérdidas o con precios bajos impuestos desde posiciones dominantes que no llegan a cubrir en muchos casos los costes de producción. Esta circunstancia está poniendo en peligro la viabilidad de la actividad agraria y, en muchos casos, de la propia industria alimentaria frente a la gran distribución.

Los responsables del Ministerio de Agricultura, en el momento de proponer y diseñar el contenido de esa Ley de la Cadena, tuvieron serias dificultades para sacar adelante la misma en los términos que deseaban, unas mayores competencias en el desarrollo de toda la cadena hasta salida de un producto del campo o de una industria hasta su llegada de a los lineales de la gran distribución, así como la posibilidad de dar publicidad a sus actuaciones sancionadoras. Sin embargo, la existencia ya de esas mismas competencias en otras disposiciones como la Ley del Comercio Minorista y, sobre todo, el menor poder de Agricultura frente a los super poderes de otros organismos como Competencia y la sensibilidad de las comunidades Autónomas para no perder competencias en esa materia, hizo que la Ley haya tenido escasa operatividad para hacer frente a los demás problemas fuera de la política de contratos y de los plazos de pago.

De esa situación han sido conscientes los responsables en el Ministerio de Agricultura para la aplicación de esa Ley y también algunos partidos políticos de la oposición. Sin embargo, los deseos de modificar la actual situación en aras de lograr un mayor equilibrio y transparencia de las operaciones en esa Cadena, no han pasado se simples intentos a nivel parlamentario, sin que haya salido adelante ninguna nueva normativa.

A la vista de esa situación, falta de iniciativas en la actividad parlamentaria para dar respuesta a ese problema, sector agrario y la industria alimentaria han puesto en marcha trabajos con el objetivo de plantear y reclamar a todos los partidos una proposición de Ley sobre la Cadena Alimentaria que suponga dotar a la misma de unas mayores competencias e instrumentos para abordar los problema a los que no se han dado soluciones en los últimos tres años.

En esa línea, desde la producción y la industria alimentara, se considera que se debe proceder a una modificación profunda de la Ley actual y para ello plantean la necesidad de una Proposición de Ley que tuviera el respaldo de todos los partidos políticos si realmente todos defienden a los sectores agrarios y alimentario. Esos cambios de la normativa se concretarían básicamente en tres puntos.

Primero, disponer de una nueva ley que tenga la capacidad para investigar y sancionar las ventas a precios por debajo de coste y de ventas a pérdidas que practican frecuentemente los grandes grupos de la distribución.

Segundo, prohibir también la venta a pérdidas de los industriales y del propio sector agrario, algo actualmente permitido.

Tercero, dar la posibilidad a la Agencia para la Información y el Control de la Cadena de dar publicidad a las sanciones, no solo en cuanto al número, sino también con los nombres de cada firma multada, algo actualmente prohibido por la propia Ley. Se entiende que dar publicidad de una sanción, agrava la misma.

Frente a estas demandas del sector agrario y de las industrias alimentarias, en los mismos medios no se ocultan las dificultades que pueden existir para su plasmación en una Ley que sería deseable la aprobaran todos los partidos políticos. Tampoco se ocultan las resistencias que habrá desde las comunidades autónomas que tienen actualmente las competencias en materia de venta a pérdidas, aunque las actuaciones de las mismas contra ese tipo de prácticas no son la norma general, sino una excepción incluso allí donde esas políticas perjudican los intereses de sus propios productores, por ejemplo leche en Galicia o aceite en Andalucía. Se trata de una competencia que con toda seguridad no quieren perder para que la misma vuelva a la Administración central, pero que, como se ha puesto en evidencia en los últimos años, tampoco ejercen con carácter general. Frente a una misma denuncia ante una situación de venta a pérdidas por un mismo grupo en varias comunidades autónomas, unas impusieron ligeras multas y otras hicieron la vista gorda.

LEY CLAVE PARA EL CAMPO

Hablar de la Ley de la Cadena para muchos agricultores sea probablemente como hablar de la música celestial y pasa desapercibida. Sin embargo, se trata de una disposición clave para los intereses del sector y sería aún más si también pudiera perseguir la venta a pérdidas de la gran distribución. La ley es importante porque vigila que en las ventas del sector agrario con la industria o la distribución haya contratos donde, entre otras condiciones figuren los precios de venta.

Es importante porque vigila que se cumplan los plazos de pago para los productos frescos y transformados. Sería más importante si tuviera las competencias para evitar que la gran distribución y las industrias no tuvieran carta libre para imponer precios de ofertas por debajo de costes o simplemente a pérdidas en aceite, leche etc.., lo que contribuye a hundir los precios en origen.