La estrategia de los exdirectivos de Novacaixagalicia se va perfilando a medida que comparecen ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Merlo.
Ayer fue el turno de Oscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración, que al igual que hicieron en días anteriores Francisco Javier García de Paredes y Gregorio Gorriarán, descargó su responsabilidad en el director general de la entidad, José Luis Pego, por quien pasaban todas las decisiones. En este sentido, sería Pego el encargado de determinar los directivos que debían ser gratificados, e informar de ello tanto al Consejo de Administración como al Banco de España.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que ninguno de esos órganos conoció el contenido y las implicaciones de los contratos firmados por los altos directivos de la caja, en colaboración supuestamente con el expresidente Julio Fernández Gayoso, lo que les permitió aumentar en 7,87 millones de euros sus pensiones de forma indebida.
Durante más de dos horas, Rodríguez Estrada tuvo que responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que le acusa de administración desleal o alternativamente de un delito de apropiación indebida. El ministerio fiscal solicita la devolución 260.940 euros, que se desglosan en 35.940 euros cobrados por una paga de beneficios correspondiente al ejercicio de 2011 y la parte proporcional del
ejercicio de 2012, así como 225.000 euros como indemnización satisfecha por premio especial por dedicación. En ambos casos se trata de retribuciones variables que la Fiscalía entiende que no debieron ser pagadas.
VALIDEZ DE LOS CONTRATOS
En su defensa Oscar Rodríguez defendió la validez de los conceptos
contemplados en su contrato porque ya venían así estipulados desde su firma en Caixanova en el año 1999. Sin embargo, reconoció que hubo una modificación en los términos del mismo y que tuvo que firmarlo. Se trata de modificaciones impuestas por el director general, José Luis Pego, quien -según fuentes jurídicas que asistieron a la declaración- le presentó como contrato de adhesión, sin que existiese posibilidad de negociar las condiciones del mismo.
La acusación particular le preguntó porqué si le quedaban nueve meses para su jubilación aceptó modificar su contrato y de nuevo insistió en que no tenía posibilidad de negociarlo porque ya venían impuestas todas y cada una de sus cláusulas.
La Fiscalía fue especialmente incisiva en la situación de la caja y
preguntó directamente a Rodríguez Estrada por unas indemnizaciones tan cuantiosas en un momento en el que la entidad había recibido ya una primera inyección económica de 1.162 millones de euros del FROB. Frente a este argumento, el exdirectivo aseguró que la situación de Novacaixa 'era impecable' y en cambio admitió que los peores resultados los arrastraba Caixa Galicia. Dado que él era directivo de Caixa Nova
entendía que tenía derecho al cobro de las retribuciones variables por beneficios.
Rodríguez Estrada tendrá que comparecer cada 15 días ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, en virtud de las medidas cautelares fijadas por el juez Ismael Moreno a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que ninguno de esos órganos conoció el contenido y las implicaciones de los contratos firmados por los altos directivos de la caja, en colaboración supuestamente con el expresidente Julio Fernández Gayoso, lo que les permitió aumentar en 7,87 millones de euros sus pensiones de forma indebida.
Durante más de dos horas, Rodríguez Estrada tuvo que responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que le acusa de administración desleal o alternativamente de un delito de apropiación indebida. El ministerio fiscal solicita la devolución 260.940 euros, que se desglosan en 35.940 euros cobrados por una paga de beneficios correspondiente al ejercicio de 2011 y la parte proporcional del
ejercicio de 2012, así como 225.000 euros como indemnización satisfecha por premio especial por dedicación. En ambos casos se trata de retribuciones variables que la Fiscalía entiende que no debieron ser pagadas.
VALIDEZ DE LOS CONTRATOS
En su defensa Oscar Rodríguez defendió la validez de los conceptos
contemplados en su contrato porque ya venían así estipulados desde su firma en Caixanova en el año 1999. Sin embargo, reconoció que hubo una modificación en los términos del mismo y que tuvo que firmarlo. Se trata de modificaciones impuestas por el director general, José Luis Pego, quien -según fuentes jurídicas que asistieron a la declaración- le presentó como contrato de adhesión, sin que existiese posibilidad de negociar las condiciones del mismo.
La acusación particular le preguntó porqué si le quedaban nueve meses para su jubilación aceptó modificar su contrato y de nuevo insistió en que no tenía posibilidad de negociarlo porque ya venían impuestas todas y cada una de sus cláusulas.
La Fiscalía fue especialmente incisiva en la situación de la caja y
preguntó directamente a Rodríguez Estrada por unas indemnizaciones tan cuantiosas en un momento en el que la entidad había recibido ya una primera inyección económica de 1.162 millones de euros del FROB. Frente a este argumento, el exdirectivo aseguró que la situación de Novacaixa 'era impecable' y en cambio admitió que los peores resultados los arrastraba Caixa Galicia. Dado que él era directivo de Caixa Nova
entendía que tenía derecho al cobro de las retribuciones variables por beneficios.
Rodríguez Estrada tendrá que comparecer cada 15 días ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, en virtud de las medidas cautelares fijadas por el juez Ismael Moreno a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
