El Gobierno acometerá una segunda fase de racionalización del sector público estatal y suprimirá cerca de 100 subdirecciones generales con el fin de ahorrar unos 8 millones de euros. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde explica la rebaja salarial media de un 5% para los empleados públicos en 2010 como medida para acelerar la reducción del déficit público.
De la Vega recordó el Plan de Austeridad aprobado en enero de este año y que contempla, además del acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones de euros que afecta a todos los ministerios, la reducción al 10% de la tasa de reposición de la oferta de empleo público, lo que supondrá un ahorro de 300 millones de euros.
El plan de racionalización del Estado y la reducción de altos cargos, que en su primera fase supuso un ahorro de 16 millones de euros, 'va a ser seguida de una segunda fase' en la que se suprimirán alrededor de 100 subdirecciones generales, con un ahorro estimado de 8 millones de euros. Se trata de un 'esfuerzo' de apoyo a la economía productiva y a la creación de empleo, al que se ha sumado -en su opinión- la reducción de cargas administrativas para las empresas hasta un 30% en 2012. De la Vega cifró el ahorro para las empresas en 15.000 millones de euros.
En la Comisión, el diputado del PP Miguel Barrachina dijo que la rebaja salarial a los empleados públicos es una medida 'desleal' tras el acuerdo firmado en septiembre entre sindicatos de la Función Pública y el Gobierno. Añadió que de los 33 cargos suprimidos 'sólo dos no fueron recolocados'.
El plan de racionalización del Estado y la reducción de altos cargos, que en su primera fase supuso un ahorro de 16 millones de euros, 'va a ser seguida de una segunda fase' en la que se suprimirán alrededor de 100 subdirecciones generales, con un ahorro estimado de 8 millones de euros. Se trata de un 'esfuerzo' de apoyo a la economía productiva y a la creación de empleo, al que se ha sumado -en su opinión- la reducción de cargas administrativas para las empresas hasta un 30% en 2012. De la Vega cifró el ahorro para las empresas en 15.000 millones de euros.
En la Comisión, el diputado del PP Miguel Barrachina dijo que la rebaja salarial a los empleados públicos es una medida 'desleal' tras el acuerdo firmado en septiembre entre sindicatos de la Función Pública y el Gobierno. Añadió que de los 33 cargos suprimidos 'sólo dos no fueron recolocados'.
