Tocado y hundido. Así está el naval vigués tras la investigación abierta por la Comisión Europea sobre los beneficios fiscales otorgados por el Gobierno español al sector, el ya famoso sistema 'tax lease'.
El expediente no es sancionador, por el momento es investigador, pero el problema es que no sabemos cuánto va a durar y hay mucha incertidumbre entre las empresas porque no sabemos cómo podemos contratar y si podría afectar a las construcciones en curso, explicó ayer a este diario el presidente del Clúster del Naval de Galicia (Aclunaga) Fernando Alcalde.
Los astilleros -afecta al conjunto de España- urgen a los ministerios de Industria y de Economía que negocien con Bruselas y tienen motivos para meter prisa porque apenas hay pedidos nuevos -ninguno en lo que va de año- que aseguren carga de trabajo para los próximos años. Las contrataciones están muy paradas. Los astilleros que están negociando no pueden cerrar contratos por eso necesitamos que la resolución, para bien o para mal, llegue cuanto antes, comenta.
El máximo responsable del clúster no puede evitar recordar lo que vivió el naval en Francia en 2004. Empleaba un sistema muy similar al español en cuanto al régimen fiscal específico para buques y la Unión Europea lo investigó a raíz de una denuncia interpuesta por otros países -en el caso español la denuncia la puso Holanda-. El procedimiento duró dos años y la UE modificó algunos aspectos de la normativa fiscal. Esperemos que en nuestro caso dure mucho menos. Sería imposible que aguantáramos tanto, apunta.
El gobierno pide tranquilidad
El Gobierno ha mandado un mensaje de tranquilidad a las empresas, animándolas a que negocien con los armadores y consigan nuevos contratos mientras ellos están trabajando para impedir un parón en el conjunto del naval, confirmaron a este diario varios astilleros de la Ría.
Mientras, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el PP presentará una proposición no de ley en el Congreso en defensa del sector naval para su debate en el pleno.
El BNG recordó que el pasado mes de junio el Congreso aprobó dos iniciativas parlamentarias de este partido que instaban al Gobierno a rechazar la introducción de cambios en las bonificaciones fiscales existentes.
Por su parte, el conselleiro de Industria, Javier Guerra, lamentó el poco compromiso del Ejecutivo central con el sector naval español, que tiene en Galicia el 50 por ciento del peso.
Por último, la CIG -sindicato mayoritario en el naval- sostiene que el sector corre riesgo de desaparecer tras la paralización de los contratos. La central nacionalista advierte de que la baja carga de trabajo está poniendo en una situación extremadamente delicada a astilleros y auxiliares, lo que puede provocar en los próximos meses un cierre masivo de empresas.
Los astilleros -afecta al conjunto de España- urgen a los ministerios de Industria y de Economía que negocien con Bruselas y tienen motivos para meter prisa porque apenas hay pedidos nuevos -ninguno en lo que va de año- que aseguren carga de trabajo para los próximos años. Las contrataciones están muy paradas. Los astilleros que están negociando no pueden cerrar contratos por eso necesitamos que la resolución, para bien o para mal, llegue cuanto antes, comenta.
El máximo responsable del clúster no puede evitar recordar lo que vivió el naval en Francia en 2004. Empleaba un sistema muy similar al español en cuanto al régimen fiscal específico para buques y la Unión Europea lo investigó a raíz de una denuncia interpuesta por otros países -en el caso español la denuncia la puso Holanda-. El procedimiento duró dos años y la UE modificó algunos aspectos de la normativa fiscal. Esperemos que en nuestro caso dure mucho menos. Sería imposible que aguantáramos tanto, apunta.
El gobierno pide tranquilidad
El Gobierno ha mandado un mensaje de tranquilidad a las empresas, animándolas a que negocien con los armadores y consigan nuevos contratos mientras ellos están trabajando para impedir un parón en el conjunto del naval, confirmaron a este diario varios astilleros de la Ría.
Mientras, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el PP presentará una proposición no de ley en el Congreso en defensa del sector naval para su debate en el pleno.
El BNG recordó que el pasado mes de junio el Congreso aprobó dos iniciativas parlamentarias de este partido que instaban al Gobierno a rechazar la introducción de cambios en las bonificaciones fiscales existentes.
Por su parte, el conselleiro de Industria, Javier Guerra, lamentó el poco compromiso del Ejecutivo central con el sector naval español, que tiene en Galicia el 50 por ciento del peso.
Por último, la CIG -sindicato mayoritario en el naval- sostiene que el sector corre riesgo de desaparecer tras la paralización de los contratos. La central nacionalista advierte de que la baja carga de trabajo está poniendo en una situación extremadamente delicada a astilleros y auxiliares, lo que puede provocar en los próximos meses un cierre masivo de empresas.
