El nuevo Gobierno conservador de Portugal incluyó en su programa de Gobierno, hecho público ayer, la suspensión del proyecto de tren de alta velocidad con España, aunque contempla su posible revisión con otros costes y calendario. Tal como se había anunciado en la campaña electoral, el programa de gestión del primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, entregado ayer en el Parlamento, señala que el proyecto ferroviario no seguirá adelante, aunque ya se han adjudicado la mitad de las obras en suelo luso.
Según el texto del documento, que será discutido en los próximos días en la Asamblea Legislativa, el futuro ferrocarril, que tiene fondos europeos y en España está muy avanzado, puede volver a evaluarse valorando 'nuevas condiciones' y la situación jurídica de los contratos ya firmados. El programa de la coalición conservadora que gobierna Portugal tras la derrota de los socialistas en las elecciones anticipadas del pasado día 5 incluye muchas otras medidas de ahorro ya previstas para frenar la crisis económica que sufre el país y hacer frente a los compromisos de su rescate financiero internacional.
Junto a las privatizaciones de entidades públicas, reducción de costes e inversiones estatales y reformas laborales o administrativas anunciadas por Passos Coelho, el documento señala que, en materia de transportes, se tendrá en cuenta la situación de 'restricción financiera y presupuestaria'.
En la alta velocidad ferroviaria 'el proyecto podrá sujetarse a una reevaluación, incluyendo su contenido y calendario, en una óptica de optimización de costes, a la luz de nuevos condicionamientos y que deberá tener en cuenta el estatuto jurídico de los contratos ya firmados', señala el texto.
El documento agrega que 'una eventual renegociación solo podrá proceder de una evaluación de este tipo'. La entrada en servicio del tren de alta velocidad entre Lisboa y Madrid estaba prevista para 2013 y su tramo luso más largo, de 150 kilómetros entre las localidades de Poceirao y Caia, en la frontera de Badajoz, fue adjudicado en 2010 al consorcio ELOS, encabezado por las empresas lusas Soares de Acosta y Brisa (participada por la española Abertis).
Además de este tramo, cuyo coste era de 1.500 millones de euros, Portugal debía aún adjudicar el segmento más corto, entre el centro de Lisboa y Poceirao, cuyo coste, pese a cubrir solo cincuenta kilómetros, subía a 1.900 millones de euros por incluir un nuevo puente sobre el estuario del Tajo.
El anterior Gobierno socialista luso había insistido en realizar el proyecto, pese a las críticas de la oposición, con el argumento de su contribución al desarrollo de las infraestructuras lusas y la necesidad de no perder los fondos de la UE.
Los proyectos de alta velocidad ferroviaria entre Portugal y España fueron revisados hace dos años y ambos gobiernos acordaron retrasar la conexión entre Vigo y Oporto, en principio prevista también para 2013 y que ahora se aleja todavía más de cualquier posibilidad de construcción. La alta velocidad atlántica contaba con una fuerte demanda del lado gallego, al considerar que supondría un empujón a la actividad económica a ambos lados de la frontera en el ámbito de la eurorregión que conforman Galicia y el norte de Portugal.
Junto a las privatizaciones de entidades públicas, reducción de costes e inversiones estatales y reformas laborales o administrativas anunciadas por Passos Coelho, el documento señala que, en materia de transportes, se tendrá en cuenta la situación de 'restricción financiera y presupuestaria'.
En la alta velocidad ferroviaria 'el proyecto podrá sujetarse a una reevaluación, incluyendo su contenido y calendario, en una óptica de optimización de costes, a la luz de nuevos condicionamientos y que deberá tener en cuenta el estatuto jurídico de los contratos ya firmados', señala el texto.
El documento agrega que 'una eventual renegociación solo podrá proceder de una evaluación de este tipo'. La entrada en servicio del tren de alta velocidad entre Lisboa y Madrid estaba prevista para 2013 y su tramo luso más largo, de 150 kilómetros entre las localidades de Poceirao y Caia, en la frontera de Badajoz, fue adjudicado en 2010 al consorcio ELOS, encabezado por las empresas lusas Soares de Acosta y Brisa (participada por la española Abertis).
Además de este tramo, cuyo coste era de 1.500 millones de euros, Portugal debía aún adjudicar el segmento más corto, entre el centro de Lisboa y Poceirao, cuyo coste, pese a cubrir solo cincuenta kilómetros, subía a 1.900 millones de euros por incluir un nuevo puente sobre el estuario del Tajo.
El anterior Gobierno socialista luso había insistido en realizar el proyecto, pese a las críticas de la oposición, con el argumento de su contribución al desarrollo de las infraestructuras lusas y la necesidad de no perder los fondos de la UE.
Los proyectos de alta velocidad ferroviaria entre Portugal y España fueron revisados hace dos años y ambos gobiernos acordaron retrasar la conexión entre Vigo y Oporto, en principio prevista también para 2013 y que ahora se aleja todavía más de cualquier posibilidad de construcción. La alta velocidad atlántica contaba con una fuerte demanda del lado gallego, al considerar que supondría un empujón a la actividad económica a ambos lados de la frontera en el ámbito de la eurorregión que conforman Galicia y el norte de Portugal.
