Consideran que los nuevos recortes que plantea el primer ministro portugués son 'brutales'

Sindicatos y oposición lusa no dialogarán con Passos Coelho

Passos Coelho anunció el viernes nuevos recortes en Portugal.
Los sindicatos y la oposición portuguesa rechazaron ayer con firmeza las nuevas medidas de austeridad anunciadas el viernes por el Gobierno conservador, que les invitó a abrir un diálogo sobre su aplicación. Pedro Passos Coelho pretende reducir pensiones, prescindir de 30.000 funcionarios, ampliar la jornada laboral en la Administración y retrasar un año la edad de jubilación, entre otras medidas para ahorrar 4.800 millones de euros en tres años.
La Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista), con unos 700.000 afiliados, calificó las nuevas medidas de 'brutales' y anunció protestas y movilizaciones este mismo mes. También la más moderada Unión General de Trabajadores (UGT, socialista) con cerca de medio millón de seguidores, expresó su rechazo a consensuar el nuevo e 'inaceptable' paquete de austeridad.

Como hizo el PS, que insistió en pedir elecciones anticipadas y la renegociación de una deuda lusa que supone ya más del 125 % del Producto Interno Bruto de Portugal, el Bloque de Izquierda (BI) exigió la dimisión del Gobierno ante su 'incapacidad' para sacar al país de la espiral de recesión y desempleo.

Joao Semedo, coordinador de esta organización, uno de los partidos marxistas que suman un10% de las fuerzas parlamentarias, sostuvo que Portugal no puede aguantar una deuda tan alta y que va aumentar, porque la austeridad dificulta el crecimiento, la productividad y el consumo. El Sindicato de los Cuadros Técnicos del Estado se queja de que el Gobierno les 'castiga de nuevo' sin tocar los beneficios los beneficios de concesiones y proyectos públicos con grandes empresas privadas.

Los funcionarios, más de 600.000 en un país de 10,5 millones de habitantes, reprochan a Coelho que les pretenda recortar 5.600 millones de euros desde que llego al poder, hasta que concluya su plan de austeridad, en 2017, mientras la banca pública y la intervenida recibieron 1.800 millones.

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