El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley de unidad de mercado, una norma que busca reducir la 'maraña administrativa' de España y con la que se podría elevar 1,52 puntos el PIB en diez años, según los estudios realizados por el Ministerio de Economía. Así lo señaló la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó que, según estos cálculos, la norma podría elevar el PIB un 0,15% al año (1.500 millones).
La ley, según Sáenz de Santamaría, es una de las reformas 'más importantes' incluidas en el plan nacional enviado a Bruselas con el objetivo de elevar la competitividad de la economía. Para conseguirlo, se basa en el principio de licencia única al permitir que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales.
'Se basa en un principio de confianza mutua', dijo. Además, impulsa la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en la colaboración y la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.
Así, pretenderá la aplicación de buenas prácticas regulatorias en todas las administraciones y se basará en el principio de no discriminación, por lo que no se exigirán requisitos diferentes para participar en el concurso de una determinada administración.
LA COORDINACIÓN COMO BASE
La norma incluye una disposición adicional para que la plataforma de contratación del sector público incluya las licitaciones de todas las administraciones, con el objetivo de que todo el mundo pueda conocer las necesidades de contratación de cualquier administración. 'Es una ley que parte de la coordinación de todas las administraciones', ha dicho Sáenz de Santamaría, tras garantizar, sin embargo, que no pretende la armonización ni la recentralización, puesto que se aceptarán las licencias o permisos de cada administración asumiendo la presunción de legalidad.
Según la portavoz, no tiene sentido que hoy en día una empresa de servicios alimentarios tenga que incluir especificaciones diferentes en función de dónde vaya a comercializar sus productos, que una compañía de agua mineral tenga que cambiar los etiquetados o que un fontanero necesite inscribirse en un registro especial o conseguir un certificado profesional diferente para trabajar en otra comunidad.
'Se basa en un principio de confianza mutua', dijo. Además, impulsa la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en la colaboración y la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.
Así, pretenderá la aplicación de buenas prácticas regulatorias en todas las administraciones y se basará en el principio de no discriminación, por lo que no se exigirán requisitos diferentes para participar en el concurso de una determinada administración.
LA COORDINACIÓN COMO BASE
La norma incluye una disposición adicional para que la plataforma de contratación del sector público incluya las licitaciones de todas las administraciones, con el objetivo de que todo el mundo pueda conocer las necesidades de contratación de cualquier administración. 'Es una ley que parte de la coordinación de todas las administraciones', ha dicho Sáenz de Santamaría, tras garantizar, sin embargo, que no pretende la armonización ni la recentralización, puesto que se aceptarán las licencias o permisos de cada administración asumiendo la presunción de legalidad.
Según la portavoz, no tiene sentido que hoy en día una empresa de servicios alimentarios tenga que incluir especificaciones diferentes en función de dónde vaya a comercializar sus productos, que una compañía de agua mineral tenga que cambiar los etiquetados o que un fontanero necesite inscribirse en un registro especial o conseguir un certificado profesional diferente para trabajar en otra comunidad.
