El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer que la medida que el Gobierno tiene previsto poner en marcha para controlar la deuda comercial en el sector público, enmarcada en la reforma de las Administraciones Públicas, incluirá 'sanciones' a las que 'no paguen' sus facturas en un máximo de '30 días' con el objetivo de reducir la morosidad del sector público.
Así lo manifestó Beteta durante la inauguración del IV Encuentro Morosidad de las Administraciones Públicas, en el que añadió que con el nuevo mecanismo de pago a proveedores, avanzado en abril por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se pondrá 'al mismo nivel' el control del déficit público y el pago a tiempo para que 'el cumplimiento de los principios legales de pago no sean una excepción sino lo normal'. 'Ese es el objetivo del Gobierno, que la ley regule y ponga con la misma sanción, la misma obligación y el mismo rigor el pago a tiempo y el control de déficit', señaló.
En este sentido, Montoro avanzó que el objetivo de déficit de las comunidades se ligará al cumplimiento de los puntos establecidos en la reforma de las administraciones públicas.
El grado de cumplimiento de estas reformas por parte de cada administración se incorporará en todos los consejos sectoriales en los que se producen negociaciones entre gobierno central y ejecutivos autonómicos.
También dentro del marco de esta reforma, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se abordará la supresión de 'hasta 90 observatorios' autonómicos y estatales y la reforma de 57 organismos públicos de distinto ámbito para ser más eficaces.
En este sentido, Montoro avanzó que el objetivo de déficit de las comunidades se ligará al cumplimiento de los puntos establecidos en la reforma de las administraciones públicas.
El grado de cumplimiento de estas reformas por parte de cada administración se incorporará en todos los consejos sectoriales en los que se producen negociaciones entre gobierno central y ejecutivos autonómicos.
También dentro del marco de esta reforma, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se abordará la supresión de 'hasta 90 observatorios' autonómicos y estatales y la reforma de 57 organismos públicos de distinto ámbito para ser más eficaces.
