El pasado viernes 14 de abril de 2023 se presentó el acuerdo entre el Gobierno, ERC y Bildu para la nueva Ley de Vivienda. Esta legislación establecerá nuevos criterios para determinar si una zona se considera “tensionada” para el mercado del alquiler. Esto incluye topes a los precios.
Grandes y pequeños
Serán las comunidades autónomas las que podrán declarar “zonas de mercado residencial tensionado” bajo los criterios establecidos a nivel estatal. Se regularán todos los alquileres en las zonas tensionadas, sean de grandes o de pequeños propietarios, y tanto para contratos ya en el mercado del alquiler como para nuevos contratos.
Un requisito basta
Con estas modificaciones, habrá dos criterios principales para aplicar un tope al alquiler, de los cuales solo se tendrá que cumplir uno.
Tasa de esfuerzo del 30%
Es el porcentaje de la renta disponible de la unidad familiar que se destina anualmente al pago del alquiler y los gastos básicos de la vivienda. La inclusión de los suministros es la principal novedad. Si la tasa de esfuerzo de la zona fuese superior al 30%, sería “zona tensionada”.
IPC
Si el mercado del alquiler se ha encarecido en más de tres puntos porcentuales al IPC de los últimos cinco años. En el borrador de enero, eran cinco puntos porcentuales lo contemplado.
Cómo sería el tope de alquiler
En 2024, las subidas del alquiler tendrán un tope del 3%, un punto más que el 2% actualmente en vigor en 2023.
Sin IPC como referencia
Para 2024 la nueva ley prevé un cambio: ya no se tendrá en cuenta el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta, como venía siendo habitual.
Zonas más tensionadas
La Ley de Vivienda puede llegar a incluir áreas que agrupan el 61,09% de los hogares españoles, más de 13 millones, según la estimación de Atlas Real Estate Analytics con su software especializado en análisis de datos inmobiliarios. Los cambios introducidos han disparado las cifras de hogares que podrían verse afectados, ya que en enero eran solo 8 millones, según las estimaciones más agresivas.
Las modificaciones finales para categorizar un “área tensionada” pueden llegar a afectar a 2.298 áreas, un 20,83% del total de España. La estipulación de una zona como “área tensionada” tiene grandes implicaciones no solo para los inquilinos y hogares del mismo sino también para su atractivo inversor. Baleares, Málaga, Madrid, Barcelona o Cádiz serán las provincias con más de acuerdo a los requisitos que se estudian para la futura ley.
