Acuerdo en el Gobierno para la Ley de Vivienda: estas son las novedades que traerá la nueva norma

El Gobierno ha conseguido un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda. Las medidas incluyen un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, y un nuevo índice para regularlas a partir de 2025, que será "más estable e inferior a la evolución del IPC".

El acuerdo llega tras una negociación de meses: el pasado diciembre el PSOE anunciaba un preacuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para que la ley estableciera un tope del 3 % en las renovaciones anuales de los contratos. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos sorprendió en la última reunión con la propuesta del 3 % el primer año y que después el límite lo determinara un índice de precios por elaborar, algo que fue rechazado por las otras formaciones, y que finalmente se acepta a partir del 2025.

En rueda de prensa, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha celebrado un acuerdo "importante, de enorme trascendencia en lo social y político", que además de eliminar el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, incorpora nuevas medidas de protección frente a desahucios.

Para ERC y EH Bildu, el IPC "ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo".

Para evitar "estos aumentos descontrolados", durante 2023 se aplicará el límite del 2 % en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, "más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual".

Por otro lado, el acuerdo incorpora cambios en la definición de "gran tenedor", de modo que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco que finalmente se incluirán en la Ley.

Así, los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada, se considerarán grandes tenedores y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con lo que se pretende evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles de los "fondos buitre" y demás fondos de inversión.

Habrá dos topes para los centros de las ciudades

La futura ley también marcará diferencias para topar los alquileres en las áreas tensionadas del centro de las ciudades según sean grandes o pequeños propietarios.

Según el proyecto de ley, se distinguirán dos tipos de topes y se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

"Estas medidas contendrán y reducirán los precios de manera efectiva", ha señalado la diputada republicana que también ha explicado que la declaración de zona tensionada pivotará sobre dos condiciones que no tienen porque cumplirse a la vez.

"Con que se cumpla uno de las dos, ese territorio podrá ser declarado zona de contención de rentas", ha indicado Vallugera que ha destallado que las dos condiciones son; que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

Deshaucios

En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, una "demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos", según ERC y EH Bildu.

También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables.

Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.

Por primera vez se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.

Protección a los inquilinos

El acuerdo conocido hoy también contempla medidas de protección a los inquilinos; así, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.

Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.

Del mismo modo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes.