El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé una multa del 0,2 % del PIB a las administraciones que no cumplan con la senda de reducción de déficit para alcanzar a partir del 2020 el equilibrio presupuestario. Con la norma España 'ha tomado la delantera' en el impulso a la estabilidad presupuestaria en el seno de la Unión Europea (UE), dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que la calificó como una 'reforma estructural de primer orden' adoptada 'en un plazo muy reducido'.
Esta será una de las bazas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentará ante sus colegas comunitarios en su primer Consejo Europeo, que se celebra el 30 de enero. El anteproyecto destaca que la sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.
Así, en el caso de que una administración incumpla el plan económico-financiero esta deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de sus PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. A los nueve meses, Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración incumplidora.
'La visita no es amable', admitió por su parte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto a la delegación que podrá enviar Hacienda. El formato sería similar a las troikas que se envían a los países del euro incumplidores para 'poner los deberes, trabajar en paralelo y acometer los ajustes correspondientes', dijo el ministro.
SANCIONES
Sobre las sanciones, afirmó que la ley se hace precisamente 'para que España no tenga sanciones', pero en el supuesto de que las haya 'la intención es que el responsable se haga cargo con consecuencias políticas y económicas'.
Por ello, pidió 'aceptarlo con la naturalidad del sistema que aceptamos como propio en la UE'. Todo ello, según recalcó, con un 'cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades y entes locales'.
Sáenz de Santamaría, explicó que ayer mismo se remitió el anteproyecto a los portavoces del PSOE -con el que se consensuó la reforma constitucional que da origen a esta ley- y al resto de los grupos políticos que deberán votarla en el Parlamento. Se hará en paralelo a la preceptiva remisión al Consejo de Estado, que deberá dar una opinión sobre el texto.
De este modo se busca ampliar al plano político el acuerdo territorial que se ha conseguido con comunidades autónomas y entes locales, que han aceptado que aprobar techos de gasto previos a sus presupuestos y enfrentarse a sanciones si incumplen los objetivos marcados. Además, Montoro añadió que el gasto no se podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB y señaló que se da prioridad al pago de los intereses y del capital de la deuda pública para dar seguridad a los inversores.
Todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural (del 0,4 %), salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020, tal y como explicó también ayer en Davos el ministro de Economía, Luis de Guindos. Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea (CE) los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4 % para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.
Así, en el caso de que una administración incumpla el plan económico-financiero esta deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de sus PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. A los nueve meses, Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración incumplidora.
'La visita no es amable', admitió por su parte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto a la delegación que podrá enviar Hacienda. El formato sería similar a las troikas que se envían a los países del euro incumplidores para 'poner los deberes, trabajar en paralelo y acometer los ajustes correspondientes', dijo el ministro.
SANCIONES
Sobre las sanciones, afirmó que la ley se hace precisamente 'para que España no tenga sanciones', pero en el supuesto de que las haya 'la intención es que el responsable se haga cargo con consecuencias políticas y económicas'.
Por ello, pidió 'aceptarlo con la naturalidad del sistema que aceptamos como propio en la UE'. Todo ello, según recalcó, con un 'cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades y entes locales'.
Sáenz de Santamaría, explicó que ayer mismo se remitió el anteproyecto a los portavoces del PSOE -con el que se consensuó la reforma constitucional que da origen a esta ley- y al resto de los grupos políticos que deberán votarla en el Parlamento. Se hará en paralelo a la preceptiva remisión al Consejo de Estado, que deberá dar una opinión sobre el texto.
De este modo se busca ampliar al plano político el acuerdo territorial que se ha conseguido con comunidades autónomas y entes locales, que han aceptado que aprobar techos de gasto previos a sus presupuestos y enfrentarse a sanciones si incumplen los objetivos marcados. Además, Montoro añadió que el gasto no se podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB y señaló que se da prioridad al pago de los intereses y del capital de la deuda pública para dar seguridad a los inversores.
Todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural (del 0,4 %), salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020, tal y como explicó también ayer en Davos el ministro de Economía, Luis de Guindos. Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea (CE) los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4 % para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.
