La Audiencia Nacional condenó hoy al general de División retirado Vicente Carlos Navarro a una pena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y al pago de una multa de 1.800 euros. Además le ha impuesto el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias en concepto de responsabilidad civil, informaron fuentes jurídicas.
El general de División del Cuerpo Militar de Sanidad Vicente Carlos Navarro está desde junio de 2004 en la reserva y fue el oficial médico de más alto rango que formó parte de la comisión técnica que envió el Ministerio de Defensa a Turquía para realizar las identificaciones de los fallecidos y que erró en 30 de las 62 identidades.
La Audiencia ha impuesto al general de Sanidad Militar una sanción de inhabilitación durante dos años. Los dos oficiales médicos que trabajaron en la comisión como subordinados de Navarro, José Ramírez y Miguel Sáez, han sido condenados como cómplices a una pena de un año y medio de cárcel cada uno y sancionados con un año de inhabilitación. Además, deberán abonar una multa de 900 euros cada uno.
Los dos especialistas médicos han sido considerados por la Audiencia como responsables civiles subsidiarios, por lo que, en caso de que Navarro no abone la indemnización, ellos deberán afrontar ese pago. En última instancia, corresponderá al Estado pagar esa cantidad, si los tres condenados no pudieran abonar la indemnización.
Las familias de los 62 militares fallecidos el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) no pudieron acceder al edificio de la Audiencia Nacional por prohibición expresa de la Sala encargada del caso y recibieron la noticia a las puertas de las dependencias judiciales. Los familiares acogieron el fallo con alegría por la condena de cárcel impuesta a los tres militares y con lágrimas por el recuerdo de sus fallecidos.
Las fuentes consultadas explicaron que las compañías aseguradoras del vuelo del Yakovlev 42 han sido absueltas. El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la 'invención' de 30 identidades.
Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue 'quién dio' a los acusados 'la orden' de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente. Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de 'los autores intelectuales' que obtuvieron 'un beneficio político' de la 'pronta repatriación' de los cuerpos.
El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro. El principal acusado admitió que pudieron 'bailarle' nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles 'errores' a las autoridades turcas. Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
VALORACIÓN DE TRILLO
Por su parte, el ex ministro de Defensa y actual coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, dijo que respeta, pero no comparte la sentencia de la Audiencia Nacional.
Trillo recordó que ya dicho en su momento que la actuación de quienes intervinieron en la repatriación de los cuerpos había sido 'de buena fe en todo momento' y por eso dijo que no compartía el fallo hecho público hoy.
Además, aseguró que cuando tuvo conocimiento de los errores en las identificaciones ofreció públicamente sus 'más sinceras disculpas a las familias'. 'Lo hizo entonces y lo reitero hoy de todo corazón', aseguró, en una comparecencia sin preguntas en la sede nacional del PP.
La Audiencia ha impuesto al general de Sanidad Militar una sanción de inhabilitación durante dos años. Los dos oficiales médicos que trabajaron en la comisión como subordinados de Navarro, José Ramírez y Miguel Sáez, han sido condenados como cómplices a una pena de un año y medio de cárcel cada uno y sancionados con un año de inhabilitación. Además, deberán abonar una multa de 900 euros cada uno.
Los dos especialistas médicos han sido considerados por la Audiencia como responsables civiles subsidiarios, por lo que, en caso de que Navarro no abone la indemnización, ellos deberán afrontar ese pago. En última instancia, corresponderá al Estado pagar esa cantidad, si los tres condenados no pudieran abonar la indemnización.
Las familias de los 62 militares fallecidos el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) no pudieron acceder al edificio de la Audiencia Nacional por prohibición expresa de la Sala encargada del caso y recibieron la noticia a las puertas de las dependencias judiciales. Los familiares acogieron el fallo con alegría por la condena de cárcel impuesta a los tres militares y con lágrimas por el recuerdo de sus fallecidos.
Las fuentes consultadas explicaron que las compañías aseguradoras del vuelo del Yakovlev 42 han sido absueltas. El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la 'invención' de 30 identidades.
Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue 'quién dio' a los acusados 'la orden' de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente. Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de 'los autores intelectuales' que obtuvieron 'un beneficio político' de la 'pronta repatriación' de los cuerpos.
El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro. El principal acusado admitió que pudieron 'bailarle' nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles 'errores' a las autoridades turcas. Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
VALORACIÓN DE TRILLO
Por su parte, el ex ministro de Defensa y actual coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, dijo que respeta, pero no comparte la sentencia de la Audiencia Nacional.
Trillo recordó que ya dicho en su momento que la actuación de quienes intervinieron en la repatriación de los cuerpos había sido 'de buena fe en todo momento' y por eso dijo que no compartía el fallo hecho público hoy.
Además, aseguró que cuando tuvo conocimiento de los errores en las identificaciones ofreció públicamente sus 'más sinceras disculpas a las familias'. 'Lo hizo entonces y lo reitero hoy de todo corazón', aseguró, en una comparecencia sin preguntas en la sede nacional del PP.
