La Fiscalía de Madrid prevé citar a declarar en los próximos meses a los médicos y enfermeras, muchas de ellas monjas, implicados en el caso de los niños robados en hospitales madrileños entre 1969 y 1990. Así lo adelantó el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, quien se reunió con los siete fiscales que investigan las denuncias y el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, para poner en común los datos extraídos hasta ahora y estudiar la judicialización del caso.
La Fiscalía de Madrid es consciente de la dificultad que entraña este caso, pero su pretensión es 'agotar todas las posibilidades'. 'Si no hay respuesta judicial se agotarán las vías de investigación para dar una respuesta social', recalcó Esteban. Por ello, se prevé llamar a declarar a los médicos que participaron en la supuesta sustracción de menores, así como las enfermeras, muchas de ellas monjas, que ayudaron a los mismos.
De las 150 denuncias que llegaron a la Fiscalía de Madrid 'un buen número' de ellas fueron archivadas ante la dificultad de la investigación. Asimismo, Esteban especificó que los delitos implicados en este caso serían falsedad documental, sustracción del menor y detención ilegal, pero en la mayoría de los casos estarían prescritos. Además, el delito de detención ilegal podría conllevar la imputación incluso de los padres adoptivos.
La Fiscalía General del Estado anunció el pasado mes de enero que no abriría una investigación conjunta por los casos de bebés presuntamente robados durante las décadas de los años 50 a los 80. Coneste motivo, serán cada una de las fiscalías provinciales las que asuman el procedimiento si así lo deciden.
De las 150 denuncias que llegaron a la Fiscalía de Madrid 'un buen número' de ellas fueron archivadas ante la dificultad de la investigación. Asimismo, Esteban especificó que los delitos implicados en este caso serían falsedad documental, sustracción del menor y detención ilegal, pero en la mayoría de los casos estarían prescritos. Además, el delito de detención ilegal podría conllevar la imputación incluso de los padres adoptivos.
La Fiscalía General del Estado anunció el pasado mes de enero que no abriría una investigación conjunta por los casos de bebés presuntamente robados durante las décadas de los años 50 a los 80. Coneste motivo, serán cada una de las fiscalías provinciales las que asuman el procedimiento si así lo deciden.
