El Congreso retomó sus actividades ordinarias tras las vacaciones estivales arrancando un nuevo curso político en el que los grupos parlamentarios tendrán que negociar las medidas contra la corrupción anunciadas por el Gobierno, así como las propuestas de la oposición. De momento, y mientras la ley de Transparencia -aprobada ya por el Congreso y remitida al Senado- sigue su trámite parlamentario, el Ejecutivo tiene previsto elevar este mes al Consejo de Ministros un informe sobre las medidas de 'regeneración democrática', que quiere que sea el punto de partida del diálogo con el resto de los grupos.
Esta misma semana, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, principal impulsora de la ley de Transparencia, invitaba a cerrar entre todos un pacto contra la corrupción y anunciaba que trabajará sin descanso para que en el trámite en el Senado pudieran incorporarse al consenso más grupos, en especial el PSOE. Se trata, según sus propias palabras, de una ley especialmente avanzada en el ámbito europeo que obligará a someterse al control de los ciudadanos no sólo a las administraciones públicas, sino también a instituciones como la Corona, los órganos constitucionales como el Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional y también el Banco de España.
El punto de partida de ese pacto contra la corrupción con el resto de fuerzas políticas será el paquete de reformas legales, que ya fueron anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien avanzó una modificación del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas por corrupción y crear un nuevo delito de financiación ilegal de partidos.
INFORME DE TRABAJO
El pasado día 2 tuvo lugar la última reunión del grupo de trabajo que elaboró el informe, que ha contado con la participación del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, y representantes de cinco ministerios -Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía e Interior-.
Tras el encuentro, el Ejecutivo informó de que entre las medidas que recoge el plan está la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que también dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor, y una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas. Además, se activará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluiría un control de sus declaraciones y de su patrimonio.
Se contempla también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos y, con ello, la persecución de los delitos de corrupción, y otra de la Ley de Contratos del Sector Público para introducir mayores controles en la contratación con la administración pública.
A estas propuestas del Gobierno se suman también las del PSOE, que registró una serie de iniciativas en el Congreso con el mismo fin de avanzar en la lucha contra la corrupción.
El punto de partida de ese pacto contra la corrupción con el resto de fuerzas políticas será el paquete de reformas legales, que ya fueron anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien avanzó una modificación del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas por corrupción y crear un nuevo delito de financiación ilegal de partidos.
INFORME DE TRABAJO
El pasado día 2 tuvo lugar la última reunión del grupo de trabajo que elaboró el informe, que ha contado con la participación del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, y representantes de cinco ministerios -Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía e Interior-.
Tras el encuentro, el Ejecutivo informó de que entre las medidas que recoge el plan está la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que también dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor, y una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas. Además, se activará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluiría un control de sus declaraciones y de su patrimonio.
Se contempla también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos y, con ello, la persecución de los delitos de corrupción, y otra de la Ley de Contratos del Sector Público para introducir mayores controles en la contratación con la administración pública.
A estas propuestas del Gobierno se suman también las del PSOE, que registró una serie de iniciativas en el Congreso con el mismo fin de avanzar en la lucha contra la corrupción.
