El Gobierno tildó de 'repugnante' el acto convocado para en Durango (Bizkaia) en el que participarán los 63 expresos de ETA liberados tras la derogación de la doctrina Parot, cuya celebración está a expensas de la decisión del juez Santiago Pedraz en función de los informes policiales que ha solicitado. El magistrado de la Audiencia Nacional no anunció aún si prohibirá el acto, aunque la Fiscalía de la Audiencia comunicó en la tarde de ayer que no aprecia delito de enaltecimiento del terrorismo en la convocatoria y pidió a Pedraz que esté vigilante ante cualquier acción que pueda ser delictiva.
Los medios de comunicación fueron onvocados a este acto a las 12,30 horas en el Kafe Antzokia de Durango y según la nota remitida por el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) la razón de la cita es valorar el reciente comunicado de este mismo colectivo en el que los presos de ETA reconocían el 'sufrimiento y daño multilateral' causado y aceptaban someterse a los cauces legales para conseguir excarcelaciones de forma 'escalonada' e 'individual'.
Tanto la asociación Dignidad y Justicia como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidieron en la Audiencia Nacional la prohibición de este acto por considerar que su finalidad es apoyar al resto de los miembros de ETA que se encuentran encarcelados. Pedraz pidió el jueves un informe a la Ertzaintza sobre este acto, concretamente sobre 'la reunión, persona o personas y organización convocante, participantes en la misma, medio por el que se efectúa la convocatoria y su relación con ETA'.
INFORMES POLICIALES
La Ertzaintza remitió al juez datos sobre la reserva del lugar en el que se convocó la rueda de prensa y una comida posterior, así como la nota remitida a los medios. Pero Pedraz reclamó ayer nuevos informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, después de que también lo solicitara el jueves la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Según Dignidad y Justicia, la convocante del acto es KT1 (Koordinatzio Taldea), una 'subestructura del EPPK' dirigida por Arantza Zulueta, abogada imputada en una causa que investiga a varias personas que supuestamente servían de enlace entre ETA y sus presos. A la espera de la decisión que adopte el juez sobre la prohibición o no del acto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tachó de 'repugnante' la convocatoria porque si finalmente se celebra participarán personas con 'muchos crímenes y dolor a sus espaldas' que, si bien están libres, en ningún momento se han arrepentido de los crímenes, no se han desvinculado de ETA y no han perdido perdón.
El PP, a través del secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, confió en que las fuerzas de seguridad encuentren 'pruebas contundentes' que 'eviten' la celebración del acto. 'A nosotros nos gustaría que no se realizara, no se debe permitir un acto de homenaje de personas, de etarras, que han salido de la cárcel pero que llevan a sus espaldas un pasado de asesinato y de terror', dijo.
La portavoz de los socialistas vascos, Idoia Mendia, opinó que el acto podría 'rozar' un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque ha dicho que corresponde a los jueces vigilarlo y analizar si incurre en delito o no.
El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, señaló que el acto se ajusta a la legalidad porque los expresos han terminado su condena y son 'personas libres, con todos sus derechos civiles', aunque también ha abogado por desterrar actuaciones que 'puedan generar dolor'.
Por su parte, el portavoz de UPyD en el País Vasco, Gorka Maneiro, solicitó también que se prohíba el acto porque es 'un insulto inaceptable'.
Tanto la asociación Dignidad y Justicia como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidieron en la Audiencia Nacional la prohibición de este acto por considerar que su finalidad es apoyar al resto de los miembros de ETA que se encuentran encarcelados. Pedraz pidió el jueves un informe a la Ertzaintza sobre este acto, concretamente sobre 'la reunión, persona o personas y organización convocante, participantes en la misma, medio por el que se efectúa la convocatoria y su relación con ETA'.
INFORMES POLICIALES
La Ertzaintza remitió al juez datos sobre la reserva del lugar en el que se convocó la rueda de prensa y una comida posterior, así como la nota remitida a los medios. Pero Pedraz reclamó ayer nuevos informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, después de que también lo solicitara el jueves la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Según Dignidad y Justicia, la convocante del acto es KT1 (Koordinatzio Taldea), una 'subestructura del EPPK' dirigida por Arantza Zulueta, abogada imputada en una causa que investiga a varias personas que supuestamente servían de enlace entre ETA y sus presos. A la espera de la decisión que adopte el juez sobre la prohibición o no del acto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tachó de 'repugnante' la convocatoria porque si finalmente se celebra participarán personas con 'muchos crímenes y dolor a sus espaldas' que, si bien están libres, en ningún momento se han arrepentido de los crímenes, no se han desvinculado de ETA y no han perdido perdón.
El PP, a través del secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, confió en que las fuerzas de seguridad encuentren 'pruebas contundentes' que 'eviten' la celebración del acto. 'A nosotros nos gustaría que no se realizara, no se debe permitir un acto de homenaje de personas, de etarras, que han salido de la cárcel pero que llevan a sus espaldas un pasado de asesinato y de terror', dijo.
La portavoz de los socialistas vascos, Idoia Mendia, opinó que el acto podría 'rozar' un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque ha dicho que corresponde a los jueces vigilarlo y analizar si incurre en delito o no.
El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, señaló que el acto se ajusta a la legalidad porque los expresos han terminado su condena y son 'personas libres, con todos sus derechos civiles', aunque también ha abogado por desterrar actuaciones que 'puedan generar dolor'.
Por su parte, el portavoz de UPyD en el País Vasco, Gorka Maneiro, solicitó también que se prohíba el acto porque es 'un insulto inaceptable'.
