La juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, rebajó de 150.000 a 50.000 euros la fianza a las dos últimas personas que permanecen encarceladas por el caso, directivas de la aseguradora Vitalia, y devolvió su DNI al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien alegó sentirse 'un paria'.
Ambos fueron encarcelados sin fianza en marzo de 2013, la Audiencia provincial fijó para ellos una fianza de 600.000 euros y posteriormente esa cantidad fue rebajada por el propio juzgado en cuatro ocasiones hasta quedar establecida en 150.000 euros. Con objeto de cumplir la exigencia de proporcionalidad y evitar las 'fianzas inasequibles que hagan ilusoria la posibilidad del imputado de gozar de libertad provisional', Alaya acuerda ahora fijar para ambos directivos una fianza de 50.000 euros. Vaqué está presa en Barcelona y Pascual en Sevilla, pero su abogado pidió que sea trasladado a una prisión de Cataluña para 'facilitar material y económicamente las visitas de sus familiares', pues no quedan en Sevilla diligencias que requieran su presencia y el imputado no conoce aún a su cuarto nieto.
En otra resolución, la juez acuerda devolver su DNI al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien se quejó de sentirse un 'paria' al tener que mostrar la copia judicial de su documento. También rebaja su obligación de personarse en el juzgado todos los martes y lo limita a una vez al mes.
Además, la Audiencia de Sevilla emitió un auto en el que dice que la juez de los ERE, actuó de manera 'razonable' al advertir de la posible incompatibilidad cuando un mismo abogado defiende a dos imputados, pero entiende 'excesivo que se llegue al extremo de intervenir' en la forma en que lo hizo.
En otra resolución, la juez acuerda devolver su DNI al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien se quejó de sentirse un 'paria' al tener que mostrar la copia judicial de su documento. También rebaja su obligación de personarse en el juzgado todos los martes y lo limita a una vez al mes.
Además, la Audiencia de Sevilla emitió un auto en el que dice que la juez de los ERE, actuó de manera 'razonable' al advertir de la posible incompatibilidad cuando un mismo abogado defiende a dos imputados, pero entiende 'excesivo que se llegue al extremo de intervenir' en la forma en que lo hizo.
