El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció ayer la renuncia definitiva de su Gobierno a llevar adelante el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, una decisión que se cobró la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. González avanzó así que su Ejecutivo deja sin efecto el traspaso de la gestión a las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo ante la 'incertidumbre' generada por la sucesión de resoluciones judiciales sobre el proceso, cuya legalidad defendió.
El último de estos fallos judiciales tuvo lugar ayer, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó mantener la suspensión cautelar del concurso que en agosto de 2012 adjudicó a las empresas los centros Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste.
El presidente de la Comunidad de Madrid, que recalcó que sigue considerando 'legal' y 'posible' el modelo de externalización hospitalaria, rechazó que dejar sin efecto este plan suponga un 'fracaso'. González precisó además que las empresas a las que en agosto de 2012 se adjudicó la gestión de los hospitales deberán acatar también el fallo del TSJM y no aclaró si se les indemnizará por esta suspensión definitiva.
NUEVO CONSEJERO
Igualmente, agradeció el trabajo del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, cuya dimisión aceptó tras conocerse la sentencia y anunció que su sustituto será Javier Rodríguez. Lasquetty, que compareció junto a González ante los medios de comunicación y mantendrá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, justificó que su decisión obedece a su sentido de la responsabilidad y a que fue él quien propuso y puso en marcha el proyecto de externalización.
Desde UPyD, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, reclamó por su parte diálogo con los sectores implicados tras el fracaso del plan privatizador y con el objetivo de mejorar la gestión sanitaria pública.
CCOO de Madrid valoró el fin de un proceso de privatización que considera 'plagado de irregularidades', mientras que UGT argumentó que se demostró que la 'marea blanca' de protesta sanitaria 'tenía razón'.
La Comunidad de Madrid pretendía ahorrar un total de 169 millones de euros anuales con el traspaso de la gestión hospitalaria, medida contra la que se sucedieron 22 días de huelga entre noviembre de 2012 y junio del pasado año y decenas de manifestaciones.
