Familiares del instituto católico Servi Trinitatis pidieron al ministro de Justicia y Seguridad argentino, Aníbal Fernández, que cierre la institución tras denunciar por 'reducción a la servidumbre y trata de personas', a los dos sacerdotes españoles que lo dirigen.
El instituto está en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a 600 kilómetros de Buenos Aires, y varios familiares de personas alojadas allí denunciaron que fueron sometidas psicológicamente para alejarse de sus familias.
Los familiares de unas quince internas y jóvenes que estuvieron vinculadas al centro religioso denunciaron a los curas españoles Antonio Martínez y Ricardo Latorre por los delitos de 'trata de personas, contrabando de medicamentos y tráfico de dinero'.
María Victoria, de 21 años y Miguel Alberto, de 20, dos jóvenes que estuvieron alojados en el centro, están en tratamiento psiquiátrico y aseguran sufrir muchos trastornos alimenticios, mareos, vértigos, ataques de pánico y fobias, y que vivían aislados.
Otros familiares han dicho que han perdido contacto con jóvenes alojados en el instituto y creen que han sido enviados a España, sin autorización de sus padres, para seguir alojados en otros centros de esa congregación religiosa.
El abogado de las familias, Omar Gebruers, aseguró a la agencia Télam que 'el ministro se comprometió a asignar dos veedores para que intervengan en las causas por trata y reducción a la servidumbre', y denunció que 'las causas están prácticamente paralizadas'.
Los familiares de los afectados pidieron 'que el Estado ponga a disposición de las víctimas, profesionales y fondos para su tratamiento, su contención y su reinserción a las familias de origen', dijo el abogado.
Los familiares de unas quince internas y jóvenes que estuvieron vinculadas al centro religioso denunciaron a los curas españoles Antonio Martínez y Ricardo Latorre por los delitos de 'trata de personas, contrabando de medicamentos y tráfico de dinero'.
María Victoria, de 21 años y Miguel Alberto, de 20, dos jóvenes que estuvieron alojados en el centro, están en tratamiento psiquiátrico y aseguran sufrir muchos trastornos alimenticios, mareos, vértigos, ataques de pánico y fobias, y que vivían aislados.
Otros familiares han dicho que han perdido contacto con jóvenes alojados en el instituto y creen que han sido enviados a España, sin autorización de sus padres, para seguir alojados en otros centros de esa congregación religiosa.
El abogado de las familias, Omar Gebruers, aseguró a la agencia Télam que 'el ministro se comprometió a asignar dos veedores para que intervengan en las causas por trata y reducción a la servidumbre', y denunció que 'las causas están prácticamente paralizadas'.
Los familiares de los afectados pidieron 'que el Estado ponga a disposición de las víctimas, profesionales y fondos para su tratamiento, su contención y su reinserción a las familias de origen', dijo el abogado.
