El Tribunal de Cuentas pidió a los partidos esa regulación pero tres años después no se ha tomado ninguna medida
El PSOE ha propuesto al Gobierno que regule los requisitos necesarios para que el coste del uso de medios públicos y privados de transporte por parte de cargos públicos durante las campañas electorales sea computado como gasto electoral de sus respectivos partidos.
La propuesta, que este martes se debatirá en el seno de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press, tiene su origen en la polémica suscitada en 2009 cuando se denunció que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había utilizado un avión Falcon del Ejército del Aire para viajar a ciudades en las que participaba en mítines del PSOE.
Cuando el Tribunal de Cuentas fiscalizó la contabilidad de los partidos en esa campaña de las elecciones europeas se hizo eco de la polémica pidiendo en su informe una regulación sobre cómo computar ese tipo de gastos para los desplazamientos de los cargos públicos.
TODOS LOS TRANSPORTES, NO SÓLO EL AVIÓN OFICIAL
Su pretensión es que 'todos los transportes, cualquiera que sea el elemento de locomoción que se utilice en campaña electoral y precampaña', fueran definidos como gasto electoral para que pueda ser controlado y fiscalizado. Es decir, que no afectaría sólo a los medios públicos que usan los miembros del Gobierno sino a todos los desplazamientos que realicen los distintos líderes políticos para participar en la campaña.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, trasladó su petición al Parlamento cuando presentó dicho informe ante las Cortes: 'En relación con la utilización de medios públicos para desplazamientos de autoridades, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales, se recomienda una regulación específica que elimine las incertidumbres dado que la Le Electoral considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido'.
Lo cierto es que, desde aquella polémica de 2009, los partidos no han dado cumplimiento a esa recomendación del Tribunal de Cuentas, y todo ello pese a que por medio hubo una revisión general de la Ley Electoral, y que ahora se está tramitando en el Congreso una reforma de la Ley de financiación de partidos políticos.
El PSOE alegó desde el Gobierno que sería 'muy complicado' regular el uso de medios públicos por parte de los políticos para ir a mítines alegando que habría que elevar el techo de gasto electoral permitido, ya que tendrían que contemplarse como electorales gastos como el uso que un alcalde hace de su coche oficial para ir a actos de su partido o incluso el coste de los escoltas de cualquier cargo político, y hasta el coche de éstos, cuando le acompañan a un acto electoral.
El PP, que ahora está en el Gobierno, defendió en la oposición una iniciativa reclamando un régimen jurídico 'completo' sobre el uso de aviones militares 'para fines exclusivamente privados o partidistas' por parte del presidente y otros miembros del Gobierno y altos cargos. Planteaba que, si se acreditan 'razones de interés objetivo', como motivos de seguridad, que no puedan ser garantizadas de otro modo y que justifique el uso de aviones militares para fines privados o partidistas, los gastos sean reembolsados por la persona, institución o partidos que los utilice.
SILENCIO DEL PP, DESPUÉS DE ATACAR A ZAPATERO
Aprovechando la presentación del informe del Tribunal de Cuentas, el Grupo Popular ha insistido en sus demandas preguntando, a través del senador madrileño Esteban Parro, si la institución se ha planteado 'alguna exigencia de responsabilidades' por la utilización del Falcon militar por parte de José Luis Rodríguez Zapatero. La institución ya descartó emprender acciones judiciales por este asunto.
Pero cuando ha llegado el momento de presentar propuestas de resolución en el Parlamento sobre este informe, el PP ha renunciado a hacer propuesta alguna sobre el uso de medios de transporte en campaña. Las dos mociones del Grupo Popular se limitan a pedir a Interior el abono de las subvenciones pendientes de los partidos y a instar a las formaciones políticas a cumplir con las normas de contabilidad que establece el Tribunal de Cuentas.
Es el PSOE el que ha lanzado la propuesta de regular de una vez estos gastos, además de pedir que se prohíba que las fundaciones privadas puedan aportar dinero para cubrir gastos de la campaña electoral de las formaciones políticas, reclamando incluso sanciones.
El tercer grupo que presenta propuestas de resolución es UPyD, que pretende instar al Banco de España a que colabore con el Tribunal de Cuentas en cuanta información le sea solicitada sobre la deuda de los partidos y que la institución fiscalizadora analice la relación coste/beneficio del envío de papeletas a los electores, lo que se conoce como 'mailing'.
La propuesta, que este martes se debatirá en el seno de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press, tiene su origen en la polémica suscitada en 2009 cuando se denunció que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había utilizado un avión Falcon del Ejército del Aire para viajar a ciudades en las que participaba en mítines del PSOE.
Cuando el Tribunal de Cuentas fiscalizó la contabilidad de los partidos en esa campaña de las elecciones europeas se hizo eco de la polémica pidiendo en su informe una regulación sobre cómo computar ese tipo de gastos para los desplazamientos de los cargos públicos.
TODOS LOS TRANSPORTES, NO SÓLO EL AVIÓN OFICIAL
Su pretensión es que 'todos los transportes, cualquiera que sea el elemento de locomoción que se utilice en campaña electoral y precampaña', fueran definidos como gasto electoral para que pueda ser controlado y fiscalizado. Es decir, que no afectaría sólo a los medios públicos que usan los miembros del Gobierno sino a todos los desplazamientos que realicen los distintos líderes políticos para participar en la campaña.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, trasladó su petición al Parlamento cuando presentó dicho informe ante las Cortes: 'En relación con la utilización de medios públicos para desplazamientos de autoridades, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales, se recomienda una regulación específica que elimine las incertidumbres dado que la Le Electoral considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido'.
Lo cierto es que, desde aquella polémica de 2009, los partidos no han dado cumplimiento a esa recomendación del Tribunal de Cuentas, y todo ello pese a que por medio hubo una revisión general de la Ley Electoral, y que ahora se está tramitando en el Congreso una reforma de la Ley de financiación de partidos políticos.
El PSOE alegó desde el Gobierno que sería 'muy complicado' regular el uso de medios públicos por parte de los políticos para ir a mítines alegando que habría que elevar el techo de gasto electoral permitido, ya que tendrían que contemplarse como electorales gastos como el uso que un alcalde hace de su coche oficial para ir a actos de su partido o incluso el coste de los escoltas de cualquier cargo político, y hasta el coche de éstos, cuando le acompañan a un acto electoral.
El PP, que ahora está en el Gobierno, defendió en la oposición una iniciativa reclamando un régimen jurídico 'completo' sobre el uso de aviones militares 'para fines exclusivamente privados o partidistas' por parte del presidente y otros miembros del Gobierno y altos cargos. Planteaba que, si se acreditan 'razones de interés objetivo', como motivos de seguridad, que no puedan ser garantizadas de otro modo y que justifique el uso de aviones militares para fines privados o partidistas, los gastos sean reembolsados por la persona, institución o partidos que los utilice.
SILENCIO DEL PP, DESPUÉS DE ATACAR A ZAPATERO
Aprovechando la presentación del informe del Tribunal de Cuentas, el Grupo Popular ha insistido en sus demandas preguntando, a través del senador madrileño Esteban Parro, si la institución se ha planteado 'alguna exigencia de responsabilidades' por la utilización del Falcon militar por parte de José Luis Rodríguez Zapatero. La institución ya descartó emprender acciones judiciales por este asunto.
Pero cuando ha llegado el momento de presentar propuestas de resolución en el Parlamento sobre este informe, el PP ha renunciado a hacer propuesta alguna sobre el uso de medios de transporte en campaña. Las dos mociones del Grupo Popular se limitan a pedir a Interior el abono de las subvenciones pendientes de los partidos y a instar a las formaciones políticas a cumplir con las normas de contabilidad que establece el Tribunal de Cuentas.
Es el PSOE el que ha lanzado la propuesta de regular de una vez estos gastos, además de pedir que se prohíba que las fundaciones privadas puedan aportar dinero para cubrir gastos de la campaña electoral de las formaciones políticas, reclamando incluso sanciones.
El tercer grupo que presenta propuestas de resolución es UPyD, que pretende instar al Banco de España a que colabore con el Tribunal de Cuentas en cuanta información le sea solicitada sobre la deuda de los partidos y que la institución fiscalizadora analice la relación coste/beneficio del envío de papeletas a los electores, lo que se conoce como 'mailing'.
