El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz rechazó citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP), al considerar que no existen 'elementos de convicción suficientes que determinen la idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad' de esta diligencia.
En un auto dictado ayer, Ruz rechaza también la comparecencia en sede judicial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, de los exministros Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Ángel Acebes y José Manuel Romay, del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y de una veintena de testigos, entre los que se encontraban la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
En el caso de Rajoy, Rato y Mayor Oreja, el juez señala que puede 'adivinarse' en la solicitud de las acusaciones 'un interés cuya legitimidad no puede ser reconocido en la tramitación de un procedimiento penal, sin perjuicio de la relevancia o interés extraprocesal que pudiere ponerse de manifiesto al respecto'.
A este respecto, el magistrado cita jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional para sostener que 'el derecho a la prueba no comprende un derecho de llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada', por lo que estando 'el objeto del proceso perfilado al nivel indiciario que es exigible por ahora, no hay necesidad de que declaren más testigos'.
ALVARO LAPUERTA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número sí acuerda la citación como imputado al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, al que tomará declaración el próximo 4 de noviembre a pesar de que los forenses estimaron que no se encontraba en 'condiciones neuropsíquicas' para declarar. El juez argumenta en su auto que los informes reflejan 'una mejoría evidente en el aspecto motor, en el área del lenguaje, pensamiento, concentración y cálculo'.
De igual modo, solicita un informe a la Intervención General del Estado (IGAE) para que analice los registros contables aportados por Bárcenas en los que se recogían una entrega de 200.000 euros al PP de La Rioja y el embargo de 160.000 euros del PP de Pontevedra.
En relación con el resto de testigos solicitados por las acusaciones, el auto señala que las declaraciones no resultan 'necesarias para determinar el significado y alcance de los hechos investigados, y su consiguiente relevancia jurídico-penal'.También rechaza registrar el domicilio del extesorero del PP Luis Bárcenas, como le pidió Izquierda Unida (IU).
En el caso de Rajoy, Rato y Mayor Oreja, el juez señala que puede 'adivinarse' en la solicitud de las acusaciones 'un interés cuya legitimidad no puede ser reconocido en la tramitación de un procedimiento penal, sin perjuicio de la relevancia o interés extraprocesal que pudiere ponerse de manifiesto al respecto'.
A este respecto, el magistrado cita jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional para sostener que 'el derecho a la prueba no comprende un derecho de llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada', por lo que estando 'el objeto del proceso perfilado al nivel indiciario que es exigible por ahora, no hay necesidad de que declaren más testigos'.
ALVARO LAPUERTA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número sí acuerda la citación como imputado al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, al que tomará declaración el próximo 4 de noviembre a pesar de que los forenses estimaron que no se encontraba en 'condiciones neuropsíquicas' para declarar. El juez argumenta en su auto que los informes reflejan 'una mejoría evidente en el aspecto motor, en el área del lenguaje, pensamiento, concentración y cálculo'.
De igual modo, solicita un informe a la Intervención General del Estado (IGAE) para que analice los registros contables aportados por Bárcenas en los que se recogían una entrega de 200.000 euros al PP de La Rioja y el embargo de 160.000 euros del PP de Pontevedra.
En relación con el resto de testigos solicitados por las acusaciones, el auto señala que las declaraciones no resultan 'necesarias para determinar el significado y alcance de los hechos investigados, y su consiguiente relevancia jurídico-penal'.También rechaza registrar el domicilio del extesorero del PP Luis Bárcenas, como le pidió Izquierda Unida (IU).
