La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, afirma en sus últimos autos de prisión que el sistema de ayudas se convirtió en un 'verdadero negocio' en el que las mediadoras 'corrompían' a cargos públicos y los sindicatos buscaban 'nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio'.
En los autos de prisión, la juez dice que los ERE se convirtieron en un 'negocio bilateral' en el que los directivos de las aseguradoras 'previo ofrecimiento de dádivas' al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -al que el miércoles se dictó orden de reingreso en prisión- se garantizaban que se 'obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros'.
La juez incluye en la 'trama corrupta' a la autoridad pública que 'permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración' y a los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que 'seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio'. Esta distracción de fondos públicos suponía 'todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial'. En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros.
En el caso del exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, que ingresó en prisión ayer, este sistema permitió 'importantes beneficios para su empresa', a la vez que él pagaba 'comisiones a todo aquel que facilitara que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración'.
Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan Lanzas -también encarcelado ayer- 1.964.763 euros solo en el periodo 2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.
LA JUNTA CONSENTÍA
La Junta de Andalucía 'consentiría este hecho en claro perjuicio del erario', como también la inclusión en los expedientes de esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas', como César Braña, fallecido consejero incluido en el ERE de Hamsa y 'antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz', dice Alaya en uno de los autos.
Tras la maratoniana sesión del jueves, la juez tomó declaración ayer a otras ocho personas, entre ellas el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo ,que en 2012 pasó cinco meses encarcelado como perceptor de ayudas fraudulentas
El exchofer de la Junta que declaró apenas unos minutos ante Alaya, que ayer dejó libre a cinco de los ocho detenidos el miércoles en la nueva investigación por los ERE falsos.
La juez incluye en la 'trama corrupta' a la autoridad pública que 'permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración' y a los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que 'seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio'. Esta distracción de fondos públicos suponía 'todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial'. En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros.
En el caso del exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, que ingresó en prisión ayer, este sistema permitió 'importantes beneficios para su empresa', a la vez que él pagaba 'comisiones a todo aquel que facilitara que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración'.
Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan Lanzas -también encarcelado ayer- 1.964.763 euros solo en el periodo 2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.
LA JUNTA CONSENTÍA
La Junta de Andalucía 'consentiría este hecho en claro perjuicio del erario', como también la inclusión en los expedientes de esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas', como César Braña, fallecido consejero incluido en el ERE de Hamsa y 'antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz', dice Alaya en uno de los autos.
Tras la maratoniana sesión del jueves, la juez tomó declaración ayer a otras ocho personas, entre ellas el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo ,que en 2012 pasó cinco meses encarcelado como perceptor de ayudas fraudulentas
El exchofer de la Junta que declaró apenas unos minutos ante Alaya, que ayer dejó libre a cinco de los ocho detenidos el miércoles en la nueva investigación por los ERE falsos.
