La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejó ayer visto para sentencia el caso de la miembro de ETA Inés del Río Prada, condenada a más de 3.000 años de cárcel, la mayoría por participar en 1986 en el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que fallecieron 14 miembros de la Benemérita, y la aplicación de la 'doctrina Parot', tras escuchar a las partes en la vista celebrada durante dos horas.
La sentencia definitiva del tribunal de Estrasburgo podría conocerse 'después del verano', si bien 'nadie puede determinar cuánto tiempo se prolongarán las deliberaciones' de los 17 jueces que integran la Gran Sala, y que deberá ser aprobada por mayoría de 9.
El representante del Gobierno español, Isaac Salama, centró buena parte de sus argumentos en los efectos que tendría el fin de la 'doctrina Parot', y aseguró que 'supondría la puesta en libertad de terroristas y violadores', que saldrían 'sin cumplir sus penas y sin rehabilitar'. A la vista acudieron la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, y el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero y entregaron las 10.000 firmas que recogieron en España a favor de la aplicación de la 'doctrina Parot'.
El representante del Gobierno español, Isaac Salama, centró buena parte de sus argumentos en los efectos que tendría el fin de la 'doctrina Parot', y aseguró que 'supondría la puesta en libertad de terroristas y violadores', que saldrían 'sin cumplir sus penas y sin rehabilitar'. A la vista acudieron la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, y el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero y entregaron las 10.000 firmas que recogieron en España a favor de la aplicación de la 'doctrina Parot'.
