El 50% de los cerca de 2.500 parques infantiles de Galicia incumplen en alguna medida el decreto de seguridad que aprobará la Xunta el próximo 10 de mayo, según denunció hoy el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña (Coeticor), Edmundo Varela.
Varela advirtió de que dicho decreto será de obligado cumplimiento después de que, dada la situación de incumplimiento que se daba en 2003, el decreto 245/2003 estableciera una moratoria de cinco años para que los ayuntamientos y titulares de las áreas infantiles gallegas se adaptasen a la norma.
En este tiempo, según analizó Coeticor, sólo entre el 20% y el 50% se ha adaptado completamente a la normativa y existe una gran diferencia entre el cumplimiento de las grandes ciudades y el de las zonas rurales y los pequeños ayuntamientos. De hecho, aunque se establece una media del 50% de incumplimiento, este porcentaje disminuye considerablemente si se trata de grandes ciudades, donde el diagnóstico establece que entre el 80% y el 90% de sus parques están en buenas condiciones.
Varela explicó que el decreto no recoge ninguna sanción aplicable a los ayuntamientos que incumplan este reglamento, y advirtió de que, en caso de accidente, serán los propietarios del parque los que deban hacer frente a la responsabilidad patrimonial y penal por incumplir un reglamento en vigor.
PRINCIPALES PROBLEMAS.
El decano de Coeticor avanzó que los principales problemas de los parques radican en su vallado inadecuado, la mala señalización o el suelo no adaptado a las normas de protección de caída, unas carencias presentes tanto en parques ya construidos como en proyectos de futuras construcciones.
Además aprovechó su intervención para advertir sobre la situación de las conocidas como áreas biosaludables, muchas de ellas de dudosa legalidad que merecerían una mayor vigilancia por parte de la Administración, porque pueden resultar perjudiciales para nuestros mayores, si no existe una regulación de los mecanismos instalados en estos recintos.
Por esta razón, desde Coeticor solicitarán a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Vicepresidencia una reunión para, en primer lugar, pedir una prórroga de dos años para que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, puedan adaptarse al nuevo decreto y, en segundo lugar, establecer convenios con ellos para prestar asistencia técnica y formativa a los municipios.
Varela consideró que deberían ser las diputaciones o incluso Vicepresidencia las que se hagan cargo de las áreas de juego de los ayuntamientos más pequeños que son los que más dificultades presentan especialmente en el mantenimiento, uno de los principales obstáculos que podría atajarse con su intervención.
De hecho, Varela reconoció que los pequeños ayuntamientos son incapaces de hacer frente a estas inversiones, de entre 6.000 y 12.000 euros. Un hecho que se agrava con el vandalismo, que les obliga a hacer frente a constantes reparaciones para que sus parques cumplan la normativa.
En este tiempo, según analizó Coeticor, sólo entre el 20% y el 50% se ha adaptado completamente a la normativa y existe una gran diferencia entre el cumplimiento de las grandes ciudades y el de las zonas rurales y los pequeños ayuntamientos. De hecho, aunque se establece una media del 50% de incumplimiento, este porcentaje disminuye considerablemente si se trata de grandes ciudades, donde el diagnóstico establece que entre el 80% y el 90% de sus parques están en buenas condiciones.
Varela explicó que el decreto no recoge ninguna sanción aplicable a los ayuntamientos que incumplan este reglamento, y advirtió de que, en caso de accidente, serán los propietarios del parque los que deban hacer frente a la responsabilidad patrimonial y penal por incumplir un reglamento en vigor.
PRINCIPALES PROBLEMAS.
El decano de Coeticor avanzó que los principales problemas de los parques radican en su vallado inadecuado, la mala señalización o el suelo no adaptado a las normas de protección de caída, unas carencias presentes tanto en parques ya construidos como en proyectos de futuras construcciones.
Además aprovechó su intervención para advertir sobre la situación de las conocidas como áreas biosaludables, muchas de ellas de dudosa legalidad que merecerían una mayor vigilancia por parte de la Administración, porque pueden resultar perjudiciales para nuestros mayores, si no existe una regulación de los mecanismos instalados en estos recintos.
Por esta razón, desde Coeticor solicitarán a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Vicepresidencia una reunión para, en primer lugar, pedir una prórroga de dos años para que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, puedan adaptarse al nuevo decreto y, en segundo lugar, establecer convenios con ellos para prestar asistencia técnica y formativa a los municipios.
Varela consideró que deberían ser las diputaciones o incluso Vicepresidencia las que se hagan cargo de las áreas de juego de los ayuntamientos más pequeños que son los que más dificultades presentan especialmente en el mantenimiento, uno de los principales obstáculos que podría atajarse con su intervención.
De hecho, Varela reconoció que los pequeños ayuntamientos son incapaces de hacer frente a estas inversiones, de entre 6.000 y 12.000 euros. Un hecho que se agrava con el vandalismo, que les obliga a hacer frente a constantes reparaciones para que sus parques cumplan la normativa.
