La polémica urbanística en la localidad de Barreiros (Lugo) continúa con la presentación de una 'denuncia penal' ante la Fiscalía, por parte de la asociación ecologista Adega, contra el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, por presunta 'prevaricación urbanística' y 'contra la hacienda pública', tras la aprobación en el Consello da Xunta del 26 de mayo del Plan Sectorial del municipio de Barreiros.
Este proyecto destinado 'a la mejora y ampliación de las infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y red viaria' del ayuntamiento confirma, según la asociación, la 'ilegalidad' de las licencias otorgadas entre 2006 y 2007 para la construcción de más de 3.500 viviendas 'sin contar' con los servicios básicos exigidos, que fueron concedidas en base a normas subsidiarias del año 1994 y 'sin adaptar' a la Lei 9/2002 'que obliga a distinguir entre suelo urbano consolidado' y 'no consolidado'. Una 'enorme irracionalidad' urbanística impulsada en una localidad que, según Daniel López Vispo, miembro de la directiva nacional de Adega, experimenta una 'pérdida continua de población' desde los años 80.
La propia Xunta, durante el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG, suspendió las normas subsidiarias del municipio, acordó la 'paralización' del proyecto constructivo en base a lo establecido en el decreto de 2002, por el que el suelo no podría tener otra calificación que la de 'urbano no consolidado' -que no está dotado de servicios-, y se vio obligada a impugnar la mayor parte de las licencias por la vía contencioso administrativa ante la negativa del Gobierno local 'de proceder a su revisión de oficio'.
'El proyecto sectorial legaliza ahora las ilegalidades urbanísticas del concello de Barreiros', resumió Vispo, tras aclarar que la Xunta 'no puso nunca en entredicho las irregularidades de dichas concesiones hasta ahora', con el Gobierno del PP. Esta actuación supone 'un agravio comparativo' para cualquier otro promotor 'obligado a cumplir la normativa'.
La propia Xunta, durante el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG, suspendió las normas subsidiarias del municipio, acordó la 'paralización' del proyecto constructivo en base a lo establecido en el decreto de 2002, por el que el suelo no podría tener otra calificación que la de 'urbano no consolidado' -que no está dotado de servicios-, y se vio obligada a impugnar la mayor parte de las licencias por la vía contencioso administrativa ante la negativa del Gobierno local 'de proceder a su revisión de oficio'.
'El proyecto sectorial legaliza ahora las ilegalidades urbanísticas del concello de Barreiros', resumió Vispo, tras aclarar que la Xunta 'no puso nunca en entredicho las irregularidades de dichas concesiones hasta ahora', con el Gobierno del PP. Esta actuación supone 'un agravio comparativo' para cualquier otro promotor 'obligado a cumplir la normativa'.
