El alcalde del municipio pontevedrés de Portas, Roberto Vázquez Souto, fue condenado por la comisión de sendos delitos de falsedad documental y fraude contra la Hacienda Pública, reconocidos por el acusado en un juicio donde su defensa, la Abogacía del Estado y la fiscalía llegaron a un acuerdo. La Agencia Tributaria le dio un plazo de dos años para pagar las multas, las cuantías fijadas como responsabilidad civil y las que sustituyen las penas de prisión que, en total, suman más de 300.000 euros.
Por el delito continuado de falsedad documental, la condena acordada supone tres meses de prisión, inhabilitación para ejercer el cargo de administrador de sociedades durante el mismo periodo, y multa de seis euros diarios durante tres meses. En cuanto al delito contra la Hacienda Pública, la pena de prisión asciende a seis meses, el mismo tiempo que se le inhabilita como administrador de sociedades, una multa de 98,443,90 euros y la privación para obtener subvenciones y desgravaciones fiscales durante un año y tres meses. La condena contempla que Roberto Vázquez tendrá que pagar 151.462,15 euros en concepto de responsabilidad civil, más 52.353,32 euros de intereses y las costas, de 9.133,20 euros.
La letrada del despacho Garrigues Abogados, que representaba a Roberto Vázquez, solicitó que las penas de prisión se sustituyan por el pago de una multa que supera los 3.000 euros, a razón de 6 euros diarios durante 18 meses. El fiscal, Augusto Santaló, no se opuso a esta petición porque el acusado 'no tiene antecedentes'; no así el abogado del Estado.
No obstante, el fiscal justificó que la decisión de concederle la sustitución del ingreso en prisión por el pago argumentando que 'hay garantías suficientes' para que se efectúe el pago, a través de hipotecas, si bien en caso de que no pagase las sanciones económicas impuestas, se le aplicaría la pena de cárcel.
La letrada del despacho Garrigues Abogados, que representaba a Roberto Vázquez, solicitó que las penas de prisión se sustituyan por el pago de una multa que supera los 3.000 euros, a razón de 6 euros diarios durante 18 meses. El fiscal, Augusto Santaló, no se opuso a esta petición porque el acusado 'no tiene antecedentes'; no así el abogado del Estado.
No obstante, el fiscal justificó que la decisión de concederle la sustitución del ingreso en prisión por el pago argumentando que 'hay garantías suficientes' para que se efectúe el pago, a través de hipotecas, si bien en caso de que no pagase las sanciones económicas impuestas, se le aplicaría la pena de cárcel.
