La APCG ha indicado, en un comunicado, que entiende que la comisión de servicio a disposición de la autoridad judicial 'no se puede mantener más tiempo' debido 'a la falta de personal y a la necesidad de priorizar los servicios'.
La Asociación Profesional de Cabos y Guardias (APCG) solicitará a la Subdelegación del Gobierno en Lugo que los agentes comisionados en la 'Operación Carioca', que investiga una supuesta trama de prostitución en clubes de Lugo, regresen a sus unidades de destino.
'La comisión de servicio de los agentes encargados del caso Carioca se aproxima a los cuatro años de duración, algo inédito hasta la fecha, y entendemos que ese tiempo ha sido mucho más que suficiente para auxiliar a la autoridad judicial en las tareas de investigación', sostiene la asociación.
En este sentido, la asociación subraya que la provincia de Lugo 'tiene asuntos mucho más importantes en materia de seguridad ciudadana y orden público' y, a su juicio, 'es ahí dónde se deben destinar recursos humanos y materiales'.
Al respecto, la APCG señala que las patrullas de seguridad ciudadana 'tienen que atender en demasiadas ocasiones una demarcación muy extensa', y explica que 'se ha dado el caso incluso de una patrulla para seis municipios', y, según lamenta, 'todos los efectivos se hacen pocos para prestar un servicio eficiente al ciudadano y seguro para los propios agentes que lo desarrollan'.
'RESPUESTA CONTUNDENTE'
'A mayor abundamiento, crímenes tan brutales como el de Xermade, precisan de una respuesta policial contundente y urgente, un caso que sí levanta una grave alarma social e inseguridad en el rural que los guardias civiles percibimos en los ciudadanos de una forma muy clara', subraya la asociación. 'Somos nosotros, y no los jueces, los que estamos en contacto directo con la población', apostilla.
Por ello, la asociación insiste en que los agentes comisionados 'deben regresar a sus unidades de destino' y recuerda que 'para el auxilio judicial los juzgados ya cuentan con personal adscrito a la Audiencia Provincial, la propia Policía Judicial, y las patrullas de seguridad ciudadana que son igualmente Policía Judicial'.
La asociación ha confirmado que remitirá la semana próxima sendos escritos de queja a la Subdelegación del Gobierno en Lugo y al Consejo General del Poder Judicial. 'Algo que ya ha habíamos advertido recientemente', concluye.
'La comisión de servicio de los agentes encargados del caso Carioca se aproxima a los cuatro años de duración, algo inédito hasta la fecha, y entendemos que ese tiempo ha sido mucho más que suficiente para auxiliar a la autoridad judicial en las tareas de investigación', sostiene la asociación.
En este sentido, la asociación subraya que la provincia de Lugo 'tiene asuntos mucho más importantes en materia de seguridad ciudadana y orden público' y, a su juicio, 'es ahí dónde se deben destinar recursos humanos y materiales'.
Al respecto, la APCG señala que las patrullas de seguridad ciudadana 'tienen que atender en demasiadas ocasiones una demarcación muy extensa', y explica que 'se ha dado el caso incluso de una patrulla para seis municipios', y, según lamenta, 'todos los efectivos se hacen pocos para prestar un servicio eficiente al ciudadano y seguro para los propios agentes que lo desarrollan'.
'RESPUESTA CONTUNDENTE'
'A mayor abundamiento, crímenes tan brutales como el de Xermade, precisan de una respuesta policial contundente y urgente, un caso que sí levanta una grave alarma social e inseguridad en el rural que los guardias civiles percibimos en los ciudadanos de una forma muy clara', subraya la asociación. 'Somos nosotros, y no los jueces, los que estamos en contacto directo con la población', apostilla.
Por ello, la asociación insiste en que los agentes comisionados 'deben regresar a sus unidades de destino' y recuerda que 'para el auxilio judicial los juzgados ya cuentan con personal adscrito a la Audiencia Provincial, la propia Policía Judicial, y las patrullas de seguridad ciudadana que son igualmente Policía Judicial'.
La asociación ha confirmado que remitirá la semana próxima sendos escritos de queja a la Subdelegación del Gobierno en Lugo y al Consejo General del Poder Judicial. 'Algo que ya ha habíamos advertido recientemente', concluye.
