La Audiencia de Lugo desestimó el recurso de apelación planteado por la defensa del alcalde lucense contra la prórroga del secreto de sumario dictada por la juez el pasado mayo, pero deja la puerta abierta a un levantamiento parcial de la reserva sobre las actuaciones. En un auto, la Audiencia reitera que 'en cuanto se pueda, siquiera sea parcialmente y respecto de algunas de las tramas, se ha de levantar, a la mayor brevedad', la 'excepcional situación procesal de secreto de las actuaciones'.
En todo caso, para desestimar el recurso formulado por la defensa de López Orozco, la Audiencia subraya que estamos todavía ante unas 'diligencias de instrucción vivas' que 'de ser conocidas' por los imputados 'podrían desbaratar el buen fin' de las actuaciones que se están llevando a cabo dentro de la causa.
Paralelamente, a Audiencia revocó el auto dictado por la juez instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, para ejecutar una intervención judicial de la empresa Cechalva, concesionaria de la grúa en la capital lucense, que afectaría a la totalidad de 'la organización, sus bienes, ingresos, pagos, deudas y negocios'. La resolución de la Audiencia es la respuesta al recurso de apelación que había formulado la propia empresa Cechalva y al que se habían adherido varios socios de la propia firma.
A juicio de la sala, no se deriva 'la necesidad y procedencia' de acordar una administración judicial de la empresa concesionaria de la grúa que 'supondría la sustitución de los actuales administradores de la sociedad', con la 'exclusión de los mismos en todas sus funciones'. En ese sentido, considera suficientes las medidas cautelares dictadas en su día para Cechalva, relativas al 'control judicial' de los 'pagos a realizar a proveedores y trabajadores', con la 'obligación de la empresa de dar cuenta al juzgado de los pagos efectuados', al igual que 'las entidades financieras'.
Los magistrados que firman el auto entienden que esa medida es 'suficiente y más proporcional' y servirá para garantizar el 'control y supervisión de las actividades de la entidad afectada', salvo que 'con el paso del tiempo se constatara la aparición de otras situaciones o circunstancias que hicieran aconsejable la imposición de una medida más rigurosa'.
PAGO DE SOBORNOS A OROZCO
En el auto de intervención judicial de Cechalva, ahora revocado por la Audiencia, la propia instructora dejaba ver sus sospechas sobre el supuesto pago de sobornos a cargo de esa empresa, por importe de 2.000 euros al mes, al alcalde de Lugo, José López Orozco, y al que fuera responsable político de ese servicio, el exconcejal Francisco Fernández Liñares. De hecho, la juez de Lara atendió a finales de mayo la petición que formularon los abogados del propio alcalde, que solicitaron que su cliente fuese citado de nuevo a declarar a raíz de las informaciones publicadas con respecto a ese auto, y López Orozco presentó el pasado 2 de julio a la instructora información sobre los movimientos de sus cuentas en los últimos 14 años.
Paralelamente, a Audiencia revocó el auto dictado por la juez instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, para ejecutar una intervención judicial de la empresa Cechalva, concesionaria de la grúa en la capital lucense, que afectaría a la totalidad de 'la organización, sus bienes, ingresos, pagos, deudas y negocios'. La resolución de la Audiencia es la respuesta al recurso de apelación que había formulado la propia empresa Cechalva y al que se habían adherido varios socios de la propia firma.
A juicio de la sala, no se deriva 'la necesidad y procedencia' de acordar una administración judicial de la empresa concesionaria de la grúa que 'supondría la sustitución de los actuales administradores de la sociedad', con la 'exclusión de los mismos en todas sus funciones'. En ese sentido, considera suficientes las medidas cautelares dictadas en su día para Cechalva, relativas al 'control judicial' de los 'pagos a realizar a proveedores y trabajadores', con la 'obligación de la empresa de dar cuenta al juzgado de los pagos efectuados', al igual que 'las entidades financieras'.
Los magistrados que firman el auto entienden que esa medida es 'suficiente y más proporcional' y servirá para garantizar el 'control y supervisión de las actividades de la entidad afectada', salvo que 'con el paso del tiempo se constatara la aparición de otras situaciones o circunstancias que hicieran aconsejable la imposición de una medida más rigurosa'.
PAGO DE SOBORNOS A OROZCO
En el auto de intervención judicial de Cechalva, ahora revocado por la Audiencia, la propia instructora dejaba ver sus sospechas sobre el supuesto pago de sobornos a cargo de esa empresa, por importe de 2.000 euros al mes, al alcalde de Lugo, José López Orozco, y al que fuera responsable político de ese servicio, el exconcejal Francisco Fernández Liñares. De hecho, la juez de Lara atendió a finales de mayo la petición que formularon los abogados del propio alcalde, que solicitaron que su cliente fuese citado de nuevo a declarar a raíz de las informaciones publicadas con respecto a ese auto, y López Orozco presentó el pasado 2 de julio a la instructora información sobre los movimientos de sus cuentas en los últimos 14 años.
