El Grupo Parlamentario del BNG presentará una interpelación en el primer pleno de la Cámara en la que exigirá al nuevo Gobierno de la Xunta que se reafirme y defienda la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Vivienda de Galicia ante el recurso presentado por el Estado en el Tribunal Constitucional (TC).
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra ese apartado de la normativa gallega, que contó con el acuerdo de las tres formaciones políticas con representación en el Parlamento gallego, y por la que se legalizaban núcleos de población situados en la franja litoral afectados por el deslinde de la Ley de Costas estatal --que estipula una zona de servidumbre de 100 metros--.
Para los nacionalistas Teresa Táboas y Bieito Lobeira, esta acción del Gobierno central representa una pataleta, porque ataca las competencias exclusivas y excluyentes de la Xunta, y evidencia un profundo desconocimiento de las características específicas de la costa gallega y la forma de asentamientos poblacionales en la tradición secular de la comunidad.
De esta forma, el BNG llevará a la primera sesión plenaria del Parlamento una interpelación en la que pedirán al nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que demuestre de su verdadero compromiso en la defensa de los intereses de los miles de gallegos afectados que, una vez más, se encuentran en una situación de complejidad extrema.
En rueda de prensa en el Parlamento autonómico, la responsable de de Territorio del grupo nacionalista, Teresa Táboas, explicó que de entrar a tramitarse el recurso presentado por el TC, el BNG pide que en los 15 días de presentación de alegaciones, la nueva Xunta se persone y defienda la normativa en base a la Ley de Vivienda de Galicia.
A este respecto, recordó que PSdeG, BNG y PPdeG apoyaron la Disposición Adicional Segunda, por la que se legalizan esos núcleos de población, si bien la normativa globalmente contó con el voto negativo de los 'populares'.
EXTREMADAMENTE GRAVE
Para el coordinador del grupo, Bieito Lobeira, la situación es extremadamente grave y cuestiona el derecho de la gente a una vivienda digna. Así, recordó que los asentamientos son núcleos poblacionales en su mayoría marineros y que se fueron conformando en torno a su tradición y actividad en el mar.
Es surrealista y sumamente grave describió Lobeira, quien arremetió contra que unos señores de Madrid venga a Galicia a decir como tiene que ordenar la costa. Esto nos corresponde a nosotros, aseveró, tras lo que constató el absoluto desconocimiento del que, a su juicio, adolece esta decisión.
Así, ambos políticos advirtieron de que el BNG defenderá con uñas y dientes a los ciudadanos afectados y que estará muy vigilante con la defensa jurídica de la normativa. Del mismo, anunciaron que el respaldo a los implicados alcanzará las movilizaciones que programen los vecinos de las viviendas.
No es un problema técnico, sino político. Lo único que importa es demostrar que en Galicia mandan ellos, apuntó Lobeira, quien cuestionó la condición de gallega de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, uno de los dirigentes estatales que elaboró informes que apoyan esta postura del Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero.
COMPARECENCIA ESPINOSA
Precisamente, el BNG también elevará su petición de explicaciones al Congreso, en donde los diputados nacionalistas solicitarán la comparecencia de Espinosa para que aclare esta cuestión. No le pedimos que ejerza de gallega, pero tampoco contra Galicia, expuso Lobeira.
En Galicia existen varios ayuntamientos que tienen núcleos de población total o parcialmente afectados por el deslinde marítimo-terrestre de Costas, como poblaciones en los municipios pontevedreses de Marín y A Illa de Arousa, o en el coruñés de Ribeira, además de enclaves en Moaña, Redondela, A Pobra do Caramiñal o Malpica. ¿Nos van a decir que no existen?, reprobó Lobeira en relación a estos núcleos.
Muchos de estos asentamientos fueron edificados con posterioridad a 1988, pero lo que buscaba la enmienda a la Ley de Vivienda pactada por los tres grupos políticos era intentar legalizar los que sí está certificado que eran preexistentes.
Para los nacionalistas Teresa Táboas y Bieito Lobeira, esta acción del Gobierno central representa una pataleta, porque ataca las competencias exclusivas y excluyentes de la Xunta, y evidencia un profundo desconocimiento de las características específicas de la costa gallega y la forma de asentamientos poblacionales en la tradición secular de la comunidad.
De esta forma, el BNG llevará a la primera sesión plenaria del Parlamento una interpelación en la que pedirán al nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que demuestre de su verdadero compromiso en la defensa de los intereses de los miles de gallegos afectados que, una vez más, se encuentran en una situación de complejidad extrema.
En rueda de prensa en el Parlamento autonómico, la responsable de de Territorio del grupo nacionalista, Teresa Táboas, explicó que de entrar a tramitarse el recurso presentado por el TC, el BNG pide que en los 15 días de presentación de alegaciones, la nueva Xunta se persone y defienda la normativa en base a la Ley de Vivienda de Galicia.
A este respecto, recordó que PSdeG, BNG y PPdeG apoyaron la Disposición Adicional Segunda, por la que se legalizan esos núcleos de población, si bien la normativa globalmente contó con el voto negativo de los 'populares'.
EXTREMADAMENTE GRAVE
Para el coordinador del grupo, Bieito Lobeira, la situación es extremadamente grave y cuestiona el derecho de la gente a una vivienda digna. Así, recordó que los asentamientos son núcleos poblacionales en su mayoría marineros y que se fueron conformando en torno a su tradición y actividad en el mar.
Es surrealista y sumamente grave describió Lobeira, quien arremetió contra que unos señores de Madrid venga a Galicia a decir como tiene que ordenar la costa. Esto nos corresponde a nosotros, aseveró, tras lo que constató el absoluto desconocimiento del que, a su juicio, adolece esta decisión.
Así, ambos políticos advirtieron de que el BNG defenderá con uñas y dientes a los ciudadanos afectados y que estará muy vigilante con la defensa jurídica de la normativa. Del mismo, anunciaron que el respaldo a los implicados alcanzará las movilizaciones que programen los vecinos de las viviendas.
No es un problema técnico, sino político. Lo único que importa es demostrar que en Galicia mandan ellos, apuntó Lobeira, quien cuestionó la condición de gallega de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, uno de los dirigentes estatales que elaboró informes que apoyan esta postura del Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero.
COMPARECENCIA ESPINOSA
Precisamente, el BNG también elevará su petición de explicaciones al Congreso, en donde los diputados nacionalistas solicitarán la comparecencia de Espinosa para que aclare esta cuestión. No le pedimos que ejerza de gallega, pero tampoco contra Galicia, expuso Lobeira.
En Galicia existen varios ayuntamientos que tienen núcleos de población total o parcialmente afectados por el deslinde marítimo-terrestre de Costas, como poblaciones en los municipios pontevedreses de Marín y A Illa de Arousa, o en el coruñés de Ribeira, además de enclaves en Moaña, Redondela, A Pobra do Caramiñal o Malpica. ¿Nos van a decir que no existen?, reprobó Lobeira en relación a estos núcleos.
Muchos de estos asentamientos fueron edificados con posterioridad a 1988, pero lo que buscaba la enmienda a la Ley de Vivienda pactada por los tres grupos políticos era intentar legalizar los que sí está certificado que eran preexistentes.
