Más de la mitad de los detectives que trabajan en Galicia no tienen licencia profesional. Es de las profesiones con más intrusismo. Los investigadores son capaces de destapar los casos más complejos de fraude, pero hasta ahora no han podido buscar una solución para el problema que más afecta y daña al sector.
Muchos de los casos que investigan tienen como objetivo detectar posibles fraudes, la mayoría en el ámbito laboral. Son capaces de descubrir la paja más pequeña en ojo ajeno, pero no aciertan cuando miran al ombligo. Tienen al enemigo en casa y no consiguen echarlo. Los detectives sufren el mayor fraude dentro de la profesión y no han sabido atajarlo.
Seguir a una persona requiere su técnica, saber colocar una cámara oculta no es tarea sencilla, actuar con paciencia y discreción tampoco está al alcance de cualquiera. Para ser un buen detective hay que tener, además, tarjeta de identificación profesional (TIP). Del centenar de investigadores que trabajan en Galicia, más de la mitad carecen de la licencia profesional. No tienen la homologación por parte del Ministerio del Interior y tampoco están reconocidas por las asociaciones profesionales, pero efectúan investigaciones sin que exista un control judicial sobre su actividad.
Esta situación ha llevado a la Asociación Gallega de Detectives Privados (AGDP), que agrupa a la mayoría de los profesionales legales, a promover la creación del colegio profesional; es el tercero de este tipo que se constituye en España, tras el de Cataluña y Valencia. Después de su aprobación en abril por parte del Parlamento, el siguiente paso será nombrar una comisión gestora a finales de este mes, paso previo a la asamblea constituyente prevista para octubre, explica Armando González, presidente de la AGDP. El colegio será una realidad antes de que finalice este año.
Los detectives legales ven en la creación de este órgano un logro importante para el futuro de la profesión y un reconocimiento de la importancia de su actividad, fundamentalmente como medio de prueba ante los tribunales. Es un gran paso que debe aportar estabilidad a la profesión, indica Manuel Burgos, investigador y profesor de Derecho Penal. Tenemos la esperanza de que sirva para frenar el intrusismo atroz que afecta a esta profesión.
Muchos que se ofrecen como investigadores, no son detectives y están engañando a sus clientes porque no pueden ser citados como testigos en un juzgado. Son personas que, sin la licencia requerida, vulneran derechos constitucionales de las personas a las que investigan, como el de la intimidad o la inviolabilidad del domicilio.
La colegiación obligatoria no va a ser la solución a todos los males. Es una medida positiva, pero insuficiente, advierte Armando González. Puede ser un arma eficaz para luchar contra el intrusismo porque los infor mes en el futuro irán visados por el colegio; los que lleguen a los tribunales sin visado tendrán que ser rechazados. Es un paso importante, pero hay que ser cautos porque los intrusos, que no declaran a Hacienda y actúan al margen de la ley, no desaparecerán de la noche a la mañana.
En vista de lo que se avecina, algunos investigadores ilegales intentan trabajar con una licencia fiscal obtenida en Portugal. Ese carné no es válido para trabajar en España. El comisario jefe de la unidad central se ha comprometido a sancionar a quienes ejerzan la profesión sin estar habilitados. Habrá tolerancia cero con los ilegales.
La colaboración de las fuerzas de seguridad, los jueces y los abogados será fundamental para atajar el intrusismo, pero el colegio profesional, con el desarrollo de sus estatutos, debe canalizar todos esos esfuerzos. Puede ser útil que el futuro colegio establezca una comisión de investigación y seguimiento de estos casos, apunta Armando González.
Seguir a una persona requiere su técnica, saber colocar una cámara oculta no es tarea sencilla, actuar con paciencia y discreción tampoco está al alcance de cualquiera. Para ser un buen detective hay que tener, además, tarjeta de identificación profesional (TIP). Del centenar de investigadores que trabajan en Galicia, más de la mitad carecen de la licencia profesional. No tienen la homologación por parte del Ministerio del Interior y tampoco están reconocidas por las asociaciones profesionales, pero efectúan investigaciones sin que exista un control judicial sobre su actividad.
Esta situación ha llevado a la Asociación Gallega de Detectives Privados (AGDP), que agrupa a la mayoría de los profesionales legales, a promover la creación del colegio profesional; es el tercero de este tipo que se constituye en España, tras el de Cataluña y Valencia. Después de su aprobación en abril por parte del Parlamento, el siguiente paso será nombrar una comisión gestora a finales de este mes, paso previo a la asamblea constituyente prevista para octubre, explica Armando González, presidente de la AGDP. El colegio será una realidad antes de que finalice este año.
Los detectives legales ven en la creación de este órgano un logro importante para el futuro de la profesión y un reconocimiento de la importancia de su actividad, fundamentalmente como medio de prueba ante los tribunales. Es un gran paso que debe aportar estabilidad a la profesión, indica Manuel Burgos, investigador y profesor de Derecho Penal. Tenemos la esperanza de que sirva para frenar el intrusismo atroz que afecta a esta profesión.
Muchos que se ofrecen como investigadores, no son detectives y están engañando a sus clientes porque no pueden ser citados como testigos en un juzgado. Son personas que, sin la licencia requerida, vulneran derechos constitucionales de las personas a las que investigan, como el de la intimidad o la inviolabilidad del domicilio.
La colegiación obligatoria no va a ser la solución a todos los males. Es una medida positiva, pero insuficiente, advierte Armando González. Puede ser un arma eficaz para luchar contra el intrusismo porque los infor mes en el futuro irán visados por el colegio; los que lleguen a los tribunales sin visado tendrán que ser rechazados. Es un paso importante, pero hay que ser cautos porque los intrusos, que no declaran a Hacienda y actúan al margen de la ley, no desaparecerán de la noche a la mañana.
En vista de lo que se avecina, algunos investigadores ilegales intentan trabajar con una licencia fiscal obtenida en Portugal. Ese carné no es válido para trabajar en España. El comisario jefe de la unidad central se ha comprometido a sancionar a quienes ejerzan la profesión sin estar habilitados. Habrá tolerancia cero con los ilegales.
La colaboración de las fuerzas de seguridad, los jueces y los abogados será fundamental para atajar el intrusismo, pero el colegio profesional, con el desarrollo de sus estatutos, debe canalizar todos esos esfuerzos. Puede ser útil que el futuro colegio establezca una comisión de investigación y seguimiento de estos casos, apunta Armando González.
