El derribo de casas afectadas por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula un total de 21 licencias urbanísticas en el municipio pontevedrés de A Guarda ha empezado este martes por la mañana, cuando la maquinaria entró en las parcelas de tres inmuebles, dos situados en As Loucenzas y otro en A Catanga, y comenzó a tirarlas sobre las 10.00 horas.
De estas casas, sólo una estaba habitada --el resto permanecía en estado de edificación-- y en ella vivían los padres de Orlando Ameal, quien explicó que tanto su padre como su madre 'están psicológicamente muy mal' y hoy no fueron capaces de permanecer en el lugar donde se realizaba el derribo, el hogar donde vivieron estos últimos cuatro años.
Orlando Ameal destacó que esta situación ha provocado que su madre fuese el lunes a urgencias, al tiempo que incidió en que su padre 'tiene ya 64 años y él había pedido que le dejasen 15 años más en esa casa'. Así, explicó que una nueva vivienda como la que tenían --y que hoy se ha tirado abajo aunque las máquinas han tenido especial cuidado para que la piedra de la fachada pueda volver a ser utilizada-- tarda en construirse unos cuatro o cinco años.
'Mi padre llegaría a los 70 y ¿cuánto más va a vivir, dos años?', se preguntó, visiblemente enfadado, tras recordar que el inmueble, al igual que el resto de los afectados por la resolución judicial, se construyó con una licencia otorgada por la Administración local. Además, acusó al Ayuntamiento de echar 'balones fuera' y auguró que 'aquí no va a pagar ni San Pedro' --por los perjuicios causados--, al tiempo que previó que 'la Xunta también echará balones fuera'.
La madre de Orlando y propietaria afectada, Carmen Viveiro, explicó, en declaraciones a Europa Press, que está llevando 'mal' estos momentos y que el alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, les ha ofrecido un alojamiento, si bien ellos han optado por recurrir a sus familiares.
Esta familia estuvo toda la noche retirando enseres y objetos de valor de la casa que construyeron, según fuentes de los allegados, pensando en 'la jubilación' . Hoy por la mañana pidieron una moratoria de un día para el derribo --con el objetivo de poder continuar con el desalojo-- y, si bien la magistrada accedió, la cuestión debe recibir el visto bueno de la Axencia da Legalidade Urbanística, que finalmente no lo autorizó, explicó el alcalde de A Guarda.
IRSE 'DE ROSITAS'
Muy cerca de la casa de Carmen está el domicilio de Montse Rodríguez, quien aseguró hoy que está afectada por la sentencia aunque todavía no ha recibido una orden de derribo, aunque estimó que probablemente la reciba 'de forma inmediata'.
Esta mujer explicó que su marido, que se dedica a la pesca, está trabajando, por lo que le ha tocado enfrentarse 'sola' a esta situación. En todo caso, afirmó que, una vez la sentencia obliga al derribo, luchará para que les paguen la indemnización correspondiente, asegurando que su familia --tiene marido y un hijo-- se quedará 'en la calle'.
'No voy a dejar el trabajo de 20 años de matrimonio y que se vayan de rositas', aseveró, para denunciar que 'el Ayuntamiento dice que es responsable pero no culpable, y que no paga'.
SOLIDARIDAD
En declaraciones a Europa Press, el alcalde de A Guarda manifestó hoy su 'solidaridad' con los vecinos afectados por la anulación de las 21 licencias, de las cuales unas están todavía sin desarrollar y unas 15 corresponden a viviendas en diversos estados del proceso de edificación o habitadas --en cuatro de ellas residían familias--, al tiempo que afirmó que toda la Corporación Municipal se ratifica en que las licencias se otorgaron 'conforme a derecho'.
A este respecto, destacó que la sentencia del Alto Tribunal gallego indica que las licencias se corresponden a una zona de 'protección paisajística' y que están 'mal dadas', mientras que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en base al que la Administración local las otorgó califica la zona como de 'interés paisajístico'.
Domínguez Freitas, que se acercó hoy a la zona de los derribos y estuvo con algunos de los afectados, afirmó que el Ayuntamiento de A Guarda 'no comparte pero acata la sentencia' y aseguró que, en todo caso, los únicos 'no culpables' son los vecinos.
Así, explicó que se reclamará ante la Xunta ya que, según denunció, 'por omisión, es la responsable de este desaguisado', al tiempo que explicó que los afectados tendrán la posibilidad de reclamar al Ayuntamiento o a la Administración autonómica.
Freitas comentó que el PGOM en vigor es del año 1993 y fue modificado en 1997, por lo que en estos dos momentos 'la Xunta pudo haber puesto alguna cortapisa' a la calificación del suelo afectado ahora por la sentencia. Además, recordó que tampoco 'se dijo nada' con la Ley del Suelo de Galicia. Así, indicó que 'la primera cautela de la Xunta no llegó hasta 2001' y fue a partir de ese momento cuando 'no se dieron más licencias' municipales en esa zona.
ARCAS MUNICIPALES
En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a las indemnizaciones y la situación en la que quedarían las arcas municipales, el regidor explicó que, en su día, los vecinos realizaron una reclamación patrimonial al Consistorio --por vía administrativa-- en la que se pedía un total de 7,4 millones de euros, una cantidad que, según indicó, es 'un poco más que el presupuesto ordinario de A Guarda del año pasado'.
Sobre el coste del derribo, explicó que los vecinos no tendrán que hacer frente a él, puesto que así se les aseguró en la reunión mantenida ayer con el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández.
El regidor explicó finalmente que por ahora no tiene constancia de nuevas órdenes de derribo --las tres primeras, ejecutadas hoy, llegaron hace unos 15 días-- por lo que aseguró entender que 'no hay urgencia de más derribos'.
Orlando Ameal destacó que esta situación ha provocado que su madre fuese el lunes a urgencias, al tiempo que incidió en que su padre 'tiene ya 64 años y él había pedido que le dejasen 15 años más en esa casa'. Así, explicó que una nueva vivienda como la que tenían --y que hoy se ha tirado abajo aunque las máquinas han tenido especial cuidado para que la piedra de la fachada pueda volver a ser utilizada-- tarda en construirse unos cuatro o cinco años.
'Mi padre llegaría a los 70 y ¿cuánto más va a vivir, dos años?', se preguntó, visiblemente enfadado, tras recordar que el inmueble, al igual que el resto de los afectados por la resolución judicial, se construyó con una licencia otorgada por la Administración local. Además, acusó al Ayuntamiento de echar 'balones fuera' y auguró que 'aquí no va a pagar ni San Pedro' --por los perjuicios causados--, al tiempo que previó que 'la Xunta también echará balones fuera'.
La madre de Orlando y propietaria afectada, Carmen Viveiro, explicó, en declaraciones a Europa Press, que está llevando 'mal' estos momentos y que el alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, les ha ofrecido un alojamiento, si bien ellos han optado por recurrir a sus familiares.
Esta familia estuvo toda la noche retirando enseres y objetos de valor de la casa que construyeron, según fuentes de los allegados, pensando en 'la jubilación' . Hoy por la mañana pidieron una moratoria de un día para el derribo --con el objetivo de poder continuar con el desalojo-- y, si bien la magistrada accedió, la cuestión debe recibir el visto bueno de la Axencia da Legalidade Urbanística, que finalmente no lo autorizó, explicó el alcalde de A Guarda.
IRSE 'DE ROSITAS'
Muy cerca de la casa de Carmen está el domicilio de Montse Rodríguez, quien aseguró hoy que está afectada por la sentencia aunque todavía no ha recibido una orden de derribo, aunque estimó que probablemente la reciba 'de forma inmediata'.
Esta mujer explicó que su marido, que se dedica a la pesca, está trabajando, por lo que le ha tocado enfrentarse 'sola' a esta situación. En todo caso, afirmó que, una vez la sentencia obliga al derribo, luchará para que les paguen la indemnización correspondiente, asegurando que su familia --tiene marido y un hijo-- se quedará 'en la calle'.
'No voy a dejar el trabajo de 20 años de matrimonio y que se vayan de rositas', aseveró, para denunciar que 'el Ayuntamiento dice que es responsable pero no culpable, y que no paga'.
SOLIDARIDAD
En declaraciones a Europa Press, el alcalde de A Guarda manifestó hoy su 'solidaridad' con los vecinos afectados por la anulación de las 21 licencias, de las cuales unas están todavía sin desarrollar y unas 15 corresponden a viviendas en diversos estados del proceso de edificación o habitadas --en cuatro de ellas residían familias--, al tiempo que afirmó que toda la Corporación Municipal se ratifica en que las licencias se otorgaron 'conforme a derecho'.
A este respecto, destacó que la sentencia del Alto Tribunal gallego indica que las licencias se corresponden a una zona de 'protección paisajística' y que están 'mal dadas', mientras que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en base al que la Administración local las otorgó califica la zona como de 'interés paisajístico'.
Domínguez Freitas, que se acercó hoy a la zona de los derribos y estuvo con algunos de los afectados, afirmó que el Ayuntamiento de A Guarda 'no comparte pero acata la sentencia' y aseguró que, en todo caso, los únicos 'no culpables' son los vecinos.
Así, explicó que se reclamará ante la Xunta ya que, según denunció, 'por omisión, es la responsable de este desaguisado', al tiempo que explicó que los afectados tendrán la posibilidad de reclamar al Ayuntamiento o a la Administración autonómica.
Freitas comentó que el PGOM en vigor es del año 1993 y fue modificado en 1997, por lo que en estos dos momentos 'la Xunta pudo haber puesto alguna cortapisa' a la calificación del suelo afectado ahora por la sentencia. Además, recordó que tampoco 'se dijo nada' con la Ley del Suelo de Galicia. Así, indicó que 'la primera cautela de la Xunta no llegó hasta 2001' y fue a partir de ese momento cuando 'no se dieron más licencias' municipales en esa zona.
ARCAS MUNICIPALES
En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a las indemnizaciones y la situación en la que quedarían las arcas municipales, el regidor explicó que, en su día, los vecinos realizaron una reclamación patrimonial al Consistorio --por vía administrativa-- en la que se pedía un total de 7,4 millones de euros, una cantidad que, según indicó, es 'un poco más que el presupuesto ordinario de A Guarda del año pasado'.
Sobre el coste del derribo, explicó que los vecinos no tendrán que hacer frente a él, puesto que así se les aseguró en la reunión mantenida ayer con el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández.
El regidor explicó finalmente que por ahora no tiene constancia de nuevas órdenes de derribo --las tres primeras, ejecutadas hoy, llegaron hace unos 15 días-- por lo que aseguró entender que 'no hay urgencia de más derribos'.
