El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, ha acordado la apertura de juicio oral contra el maquinista del Alvia siniestrado en Angrois el 24 de julio de 2013 y para el que era el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea.
Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Lago ha dado por formuladas las acusaciones contra ambos por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y de un delito de daños.
La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. Además, demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena.
Para el otro acusado, el exresponsable de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, que salió de la dirección de la empresa pública el pasado mes de mayo, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.
Ambos serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, cuya titular es la jueza María Elena Fernández Currás. El presidente del TSXG apuntó al primer trimestre de 2022 como fecha para su celebración, mientras que el instructor, que también es decano de los jueces de Santiago, señaló a la Cidade da Cultura como único escenario viable.
En el auto, el magistrado requiere a los dos investigados y, en su caso, a las aseguradoras, como responsables civiles directas, o a las entidades públicas Renfe Operadora y Adif, como subsidiarias, para que presten una fianza de casi 57,7 millones de euros. Todo ello con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer en la sentencia.
Asimismo, el instructor les ha apercibido de que, de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar esa suma.
De conformidad con el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la notificación del auto, realizada este miércoles, los acusados y los responsables civiles tienen un plazo de tres días para comparecer en la causa con un abogado y procurador o, en su caso, ratificar los ya designados. Contra la resolución no cabe interponer recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.
La apertura de juicio oral coincide en el tiempo con la celebración, este sábado, del octavo aniversario de la tragedia, motivo por el que algunas de las víctimas viajarán a Santiago estos días.
Ocho años en los que la investigación ha avanzado con dos jueces al cargo y varios cierres y reaperturas. El primero de los instructores, Luis Aláez, llegó a imputar, junto al maquinista, a la antigua cúpula de Adif.
Después, los dictámenes de Europa, a donde recurrieron las víctimas del siniestro de la mano del BNG, y la Audiencia Provincial de A Coruña, que ordenó investigar si se habían evaluado bien los riesgos en la línea, fueron fundamentales para que la causa se haya cerrado con Cortabitarte como investigado junto a Garzón.
Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Lago ha dado por formuladas las acusaciones contra ambos por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y de un delito de daños.
La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. Además, demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena.
Para el otro acusado, el exresponsable de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, que salió de la dirección de la empresa pública el pasado mes de mayo, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.
Ambos serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, cuya titular es la jueza María Elena Fernández Currás. El presidente del TSXG apuntó al primer trimestre de 2022 como fecha para su celebración, mientras que el instructor, que también es decano de los jueces de Santiago, señaló a la Cidade da Cultura como único escenario viable.
Fianza
En el auto, el magistrado requiere a los dos investigados y, en su caso, a las aseguradoras, como responsables civiles directas, o a las entidades públicas Renfe Operadora y Adif, como subsidiarias, para que presten una fianza de casi 57,7 millones de euros. Todo ello con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer en la sentencia.
Asimismo, el instructor les ha apercibido de que, de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar esa suma.
De conformidad con el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la notificación del auto, realizada este miércoles, los acusados y los responsables civiles tienen un plazo de tres días para comparecer en la causa con un abogado y procurador o, en su caso, ratificar los ya designados. Contra la resolución no cabe interponer recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.
Las familias de las víctimas, satisfechas
La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 ha mostrado satisfacción por la apertura de juicio oral al maquinista y al exdirector de Seguridad de Adif, pero lamenta que "una justicia lenta no es justicia". Cuando están a punto de cumplirse ocho años del siniestro en el que murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas, la asociación espera que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "cumpla con su palabra" y el juicio se celebre en el primer trimestre de 2022. "Ocho años son muchos años, una justicia lenta no es justicia; algunas víctimas y familiares ya han fallecido y no se les podrá hacer justicia", advierte. Además, en cualquier caso, apunta a que quedan por dilucidar las responsabilidades políticas y técnicas. Para lo primero, la plataforma siempre reivindicó una comisión de investigación en el Congreso, que se creó pero no llegó a elaborar unas conclusiones debido a la disolución de las Cortes. En cuanto a las responsabilidades técnicas, continúa exigiendo que se elabore una investigación independiente que sustituya a la única oficial redactada por el momento, la de la CIAF (el organismo adscrito al ministerio encargado de investigar accidentes ferroviarios), que apunta solo al despiste del maquinista. Precisamente en relación con esto, la plataforma también manifiesta este miércoles su "rechazo e indignación" por el nombramiento de la hasta ahora presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como número dos del Ministerio de Transportes. Al respecto, recuerdan las víctimas que mantuvieron una reunión con ella en 2019 y le solicitaron "que públicamente exigiera que se lleve cabo esta nueva investigación", pero critican que "no lo hizo". "La seguridad de la ciudadanía, 80 muertos y más de 140 heridos en la tragedia ferroviaria más grave de la democracia merecían una respuesta a nuestras justas reivindicaciones", reivindican. Como máxima responsable de Adif "estaba en sus manos investigar", inciden. Sin embargo, consideran que "optó por el camino más fácil e indigno" y por eso muestran su "rechazo e indignación" al nombramiento, que ven "una auténtica burla y una falta de respeto a la memoria de los fallecidos, a sus familias, a todas las víctimas del accidente y a todos los ciudadanos".Octavo aniversario del accidente de Angrois
La apertura de juicio oral coincide en el tiempo con la celebración, este sábado, del octavo aniversario de la tragedia, motivo por el que algunas de las víctimas viajarán a Santiago estos días.
Ocho años en los que la investigación ha avanzado con dos jueces al cargo y varios cierres y reaperturas. El primero de los instructores, Luis Aláez, llegó a imputar, junto al maquinista, a la antigua cúpula de Adif.
Después, los dictámenes de Europa, a donde recurrieron las víctimas del siniestro de la mano del BNG, y la Audiencia Provincial de A Coruña, que ordenó investigar si se habían evaluado bien los riesgos en la línea, fueron fundamentales para que la causa se haya cerrado con Cortabitarte como investigado junto a Garzón.
