Los concellos que quieran podrán adherirse de modo voluntario al modelo de explotación autonómico, para lo cual deberán someterse a una auditorí
La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha asegurado este martes que el anteproyecto de ley de aguas por el que la Xunta gestionaría el saneamiento y el abastecimiento de los municipios que lo decidan de forma voluntaria busca acabar con los "privilegios" que según el Gobierno gallego tienen algunos ayuntamientos y ayudar a todos en una materia "compleja y costosa".
Durante un encuentro con un grupo de periodistas sobre el anteproyecto de ley, cuyo periodo de consulta pública se ha alargado quince días de acuerdo con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), la conselleira ha indicado que el Gobierno gallego asume la explotación de modo impropio de 28 depuradoras municipales, cuyo "déficit" medio es de un 30 %, y que además supone un "privilegio" respecto al resto de localidades.
Con la propuesta de la Xunta, ha remarcado, todos los municipios que quieran podrán adherirse de modo voluntario al modelo de explotación autonómico, para lo cual deberán someterse a una auditoría para detectar el estado de la red.
Como cuestiones "básicas", además, ha señalado que sería preciso hacer un plan de control de vertidos; otro para reducir las aguas blancas y marinas; y un tercero sobre eficiencia energética; ha insistido Vázquez, que ha estado acompañada de la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez.
Según la conselleira, una vez realizadas estas cuestiones la aplicación de medidas de economía de escala harían sostenible la explotación de este recurso.
Sobre las críticas de la Fegamp al anteproyecto de ley, que ha presentado alegaciones sobre el impacto que tendría en el recibo del agua, Ethel Vázquez ha dicho que se basan en "errores de bulto" que ya fueron "aclarados" al ente supramunicipal la pasada semana en la reunión en la que acordaron ampliar la fase de exposición pública del texto.
La estimación del Gobierno autonómico es que la reordenación de tarifas que prevé la ley para aplicar únicamente en los ayuntamientos que soliciten que la Xunta asuma la depuradora tendrá un impacto estimado "inferior a un euro en el recibo mensual", afirmó la Xunta este fin de semana en un comunicado.
La conselleira ha insistido este martes en que la ley no lleva aparejadas nuevas tasas a los usuarios ni un incremento, simplemente una reordenación de las existentes, ya que las tasas que cobraban antes los ayuntamientos por los servicios que ahora encomiendan a Augas de Galicia pasarán a ser autonómicas.
Así, la tasa denominada "coeficiente de vertido" que Augas de Galicia recauda ahora en los municipios en los que ya gestiona la depuradora, pasará a ser un "canon de gestión de depuradoras", una denominación que a la Xunta le parece "más adecuada" al servicio prestado.
Pero puntualiza que se trata de un gravamen equivalente a la tasa de depuración que tienen el deber de cobrar los ayuntamientos que gestionan de forma directa su depuradora.
Por lo tanto, advierte que no es adecuado sumar en los términos en que lo hace la Fegamp ambas tasas para la simulación de cobro que formula: ya que suma el 100 % de la tasa de alcantarilla y el 100 % de la tasa de gestión de redes, que son excluyentes entre sí.
Además, las tasas que prevé recaudar la Xunta en los ayuntamientos que le encomienden los servicios del agua prevén diferentes tarifas por tramos de consumo, mientras que la simulación del recibo presentada por la Fegamp aplica a todo el consumo las tarifas previstas para el tercer tramo, el más alto, por lo que es inadecuado hacer una extrapolación al resto.
Además, se olvida que el Ayuntamiento no podrá cobrar por la gestión de los colectores que asuma la Xunta, lo cual debe descontarse del recibo, y que las medidas de incremento de la eficiencia en el funcionamiento de los sistemas podrán reducir los costes de la prestación de los servicios, lo que podrá reflejarse en los recibos.
Tanto Vázquez como Gutiérrez han asumido, además, que quienes no tienen problemas o la explotación de sus instalaciones es sostenible no se van a sumar al protocolo de la Xunta y han coincidido en que el objetivo es ayudar "a los más pequeños".
La conselleira ha sostenido que "casi la mitad" de las depuradoras en la comunidad presentan "deficiencias" en su explotación y ha mencionado que en la actualidad hay "casi 270 vertidos contaminantes en las rías" debidos a esta situación.
Vázquez ha aclarado que los ayuntamientos que no quieran sumarse pueden crear consorcios, mancomunidades u otras opciones, si bien ha recordado que "si hay vertidos" la Xunta seguirá sancionando dentro de sus competencias.
