La Guardia Civil de Pontevedra ha imputado los delitos de falsedad documental y estafa a cuatro personas de Vigo y Vilargacía de Arousa vinculadas a una trama de estafa de compañías aseguradoras.
Las personas imputadas fueron identificadas como O.A.S., de 33 años de edad; J.M.R.G., de 32 años; M.M.R.G., de 27 años, los tres vecinos de Vilagarcía de Arousa, y F.P.E., de 47 años y vecino de Vigo.
Según informó hoy el Instituto Armado, la investigación posibilitó determinar que la banda consiguió estafar a al menos dos aseguradoras por supuestos siniestros de un vehículo de alta gama que ya había sido adquirido tras un accidente.
El coche había sido adquirido con anterioridad a su legítimo propietario quien, tras haber sufrido un accidente de tráfico, recibió la indemnización que, entonces estableció con su compañía.
Un empleado de una empresa de grúas le compró el vehículo ofreciéndole el doble del dinero en el que se habían valorado los restos como chatarra y el propietario de un comercio de Vigo dedicado a la compra venta de coches supuestamente aportó las facturas falsas por el valor que podría tener en el mercado para circular, con las que se cerró la transacción fraudulenta a una tercera persona y que puso a su nombre el vehículo.
A los tres meses de la supuesta compra, una cuarta persona, a través de una correduría de seguros de Vilagarcía, supuestamente verificó falsamente la reparación del vehículo y reclamó de nuevo el siniestro alegando una supuesta salida de vía.
SINIESTRO FICTICIO
De esta forma, según indicaron las mismas fuentes, habrían conseguido que una segunda compañía pagase 22.000 euros por un siniestro ficticio y un vehículo que ya había sido declarado siniestro total cuando su legítimo propietario sufrió el accidente.
El coche fue trasladado posteriormente a un taller de Ribadumia, en el que fue peritado y en el que se produjo un incendio, supuestamente fortuito, que no fue denunciado por el propietario del taller. En esta ocasión, se reclamó el valor del vehículo a la aseguradora del taller, que además abonó los daños producidos en las instalaciones.
Esta investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Información de Trafico del Subsector de la Guardia Civil de Pontevedra (GIAT), con el apoyo del Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial.
ANTECEDENTES
Tras prestar declaración ante la Guardia Civil por la comisión del concurso de delitos de estafa y falsedad documental, los imputados quedaron en libertad con cargos a la espera de ser llamados por el Juzgado de Instrucción de Vilagarcia para que decida sobre su situación procesal, ya que varios de los mismos poseen antecedentes penales.
La Guardia Civil no da por finalizada la investigación y continúa con la localización e inspección de otros vehículos, porque este tipo de delito, según advirtió, 'está prosperando cada vez más en los últimos años, lo que ha conllevado a las aseguradoras a contratar a detectives privados para revisar muchos de los accidentes y robos de vehículos que a primera vista resultan sospechosos'.
Estos datos, según la Benemérita, quedan corroborados con las diferentes intervenciones que ha realizado en 2009 el Grupo del GIAT de la Guardia Civil de Pontevedra, que ha investigado otros ocho casos con el mismo 'modus operandi' en el que se vieron implicadas unas veinte personas.
Según informó hoy el Instituto Armado, la investigación posibilitó determinar que la banda consiguió estafar a al menos dos aseguradoras por supuestos siniestros de un vehículo de alta gama que ya había sido adquirido tras un accidente.
El coche había sido adquirido con anterioridad a su legítimo propietario quien, tras haber sufrido un accidente de tráfico, recibió la indemnización que, entonces estableció con su compañía.
Un empleado de una empresa de grúas le compró el vehículo ofreciéndole el doble del dinero en el que se habían valorado los restos como chatarra y el propietario de un comercio de Vigo dedicado a la compra venta de coches supuestamente aportó las facturas falsas por el valor que podría tener en el mercado para circular, con las que se cerró la transacción fraudulenta a una tercera persona y que puso a su nombre el vehículo.
A los tres meses de la supuesta compra, una cuarta persona, a través de una correduría de seguros de Vilagarcía, supuestamente verificó falsamente la reparación del vehículo y reclamó de nuevo el siniestro alegando una supuesta salida de vía.
SINIESTRO FICTICIO
De esta forma, según indicaron las mismas fuentes, habrían conseguido que una segunda compañía pagase 22.000 euros por un siniestro ficticio y un vehículo que ya había sido declarado siniestro total cuando su legítimo propietario sufrió el accidente.
El coche fue trasladado posteriormente a un taller de Ribadumia, en el que fue peritado y en el que se produjo un incendio, supuestamente fortuito, que no fue denunciado por el propietario del taller. En esta ocasión, se reclamó el valor del vehículo a la aseguradora del taller, que además abonó los daños producidos en las instalaciones.
Esta investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Información de Trafico del Subsector de la Guardia Civil de Pontevedra (GIAT), con el apoyo del Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial.
ANTECEDENTES
Tras prestar declaración ante la Guardia Civil por la comisión del concurso de delitos de estafa y falsedad documental, los imputados quedaron en libertad con cargos a la espera de ser llamados por el Juzgado de Instrucción de Vilagarcia para que decida sobre su situación procesal, ya que varios de los mismos poseen antecedentes penales.
La Guardia Civil no da por finalizada la investigación y continúa con la localización e inspección de otros vehículos, porque este tipo de delito, según advirtió, 'está prosperando cada vez más en los últimos años, lo que ha conllevado a las aseguradoras a contratar a detectives privados para revisar muchos de los accidentes y robos de vehículos que a primera vista resultan sospechosos'.
Estos datos, según la Benemérita, quedan corroborados con las diferentes intervenciones que ha realizado en 2009 el Grupo del GIAT de la Guardia Civil de Pontevedra, que ha investigado otros ocho casos con el mismo 'modus operandi' en el que se vieron implicadas unas veinte personas.
