El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano rechazó el recurso que presentó la Fiscalía contra la providencia, de fecha 7 de enero, en la que adelantaba su intención de ir concluyendo la instrucción de la causa en la que se encuentra imputado el exministro socialista José Blanco por su presunta relación con una trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas investigada en la denominada Operación Campeón.
En la resolución, el juez señala que el material acopiado hasta este momento en la fase investigadora es 'ciertamente amplio' y le recuerda al representante del ministerio público que existieron 'múltiples contactos presenciales y telefónicos' entre la policía y él mismo, como instructor del caso, de los que la Fiscalía ha tenido cumplido conocimiento.
En la resolución dada a conocer ayer el juez Soriano rechaza el recurso de reforma presentado por el fiscal pero admite a trámite el de apelación, por lo que de formalizarse este último la decisión final sobre la conclusión de estas investigaciones correspondería a la Sala de lo Penal. En la providencia confirmada, el instructor del 'caso Campeón' en el Tribunal Supremo adelantaba su intención de ir concluyendo sus investigaciones una vez se recibiera los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Dicho informe vendría a aclarar la actuación del secretario del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), municipio que avaló una licencia a la empresa Azkar para instalar una nave industrial en unos terrenos próximos al aeropuerto de El Prat. Se investiga si Blanco pudo favorecer la obtención de esta licencia para su amigo José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar.
En la resolución dada a conocer ayer el juez Soriano rechaza el recurso de reforma presentado por el fiscal pero admite a trámite el de apelación, por lo que de formalizarse este último la decisión final sobre la conclusión de estas investigaciones correspondería a la Sala de lo Penal. En la providencia confirmada, el instructor del 'caso Campeón' en el Tribunal Supremo adelantaba su intención de ir concluyendo sus investigaciones una vez se recibiera los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Dicho informe vendría a aclarar la actuación del secretario del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), municipio que avaló una licencia a la empresa Azkar para instalar una nave industrial en unos terrenos próximos al aeropuerto de El Prat. Se investiga si Blanco pudo favorecer la obtención de esta licencia para su amigo José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar.
