El que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, comparecía este mediodía en el Juzgado de Guardia de la capital lucense, por primera vez desde que la Audiencia Provincial decidió dejarlo en libertad.
Fernández Liñares, que abandonó ayer por la tarde el centro penitenciario de Bonxe, después de tres meses y medio de reclusión, acudió a la sede judicial de la Plaza de Avilés alrededor de la una del mediodía, acompañado por su procuradora, pero no hizo declaraciones a los medios de comunicación.
El auto de la Audiencia Provincial que decretó su libertad, aunque no fijó para él ningún tipo de fianza, le impuso como medida cautelar la obligación de comparecer diariamente en sede judicial.
En declaraciones a EFE, la abogada Mari Luz Canal, que se ocupa de su defensa, afirmó que su cliente está 'contento por estar en su casa' de nuevo, aunque también 'preocupado' por todas las consecuencias de la 'Operación Pokemon', en la que está imputado.
Mari Luz Canal reconoció que todavía no tuvo ocasión de ver a su patrocinado, pero sí mantuvo ayer una breve conversación telefónica con él, en la que él mismo le transmitió que está 'tranquilo', con 'ganas de descansar' y 'de retomar su vida normal', pero también 'preocupado' por todas las consecuencias del proceso judicial en el que está inmerso.
La instructora le imputa delitos como prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, por su supuesta implicación en una trama para la adjudicación de concesiones públicas a base de sobornos.
El auto de la Audiencia Provincial que decretó su libertad, aunque no fijó para él ningún tipo de fianza, le impuso como medida cautelar la obligación de comparecer diariamente en sede judicial.
En declaraciones a EFE, la abogada Mari Luz Canal, que se ocupa de su defensa, afirmó que su cliente está 'contento por estar en su casa' de nuevo, aunque también 'preocupado' por todas las consecuencias de la 'Operación Pokemon', en la que está imputado.
Mari Luz Canal reconoció que todavía no tuvo ocasión de ver a su patrocinado, pero sí mantuvo ayer una breve conversación telefónica con él, en la que él mismo le transmitió que está 'tranquilo', con 'ganas de descansar' y 'de retomar su vida normal', pero también 'preocupado' por todas las consecuencias del proceso judicial en el que está inmerso.
La instructora le imputa delitos como prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, por su supuesta implicación en una trama para la adjudicación de concesiones públicas a base de sobornos.
