Un millar de personas se manifestaron esta mañana en Santiago de Compostela para protestar por la privatización de los servicios sociales, convocados por la plataforma en defensa del sistema público gallego y la CIG. La marcha se inició en la Plaza do Toral, en el casco viejo compostelano, y concluyó ante los edificios administrativos de la Xunta, encabezada por una pancarta con el lema 'Servicios Sociales Públicos, no a la privatización del Consorcio'.
En la manifestación participaron dirigentes de la CIG y el BNG, entre ellos el portavoz nacional de esta organización, Guillerme Vázquez; el diputado en el Congreso Francisco Jorquera; o los miembros del Parlamento de Galicia Anxo Quintana, Carlos Aymerich o Ana Pontón.
La plataforma en defensa del sistema público gallego de servicios sociales considera en un escrito que 'la beneficencia tuvo su época', pero 'la conciencia ciudadana y el estado social avanzaron de tal manera que hoy es impensable que la suerte última de los más vulnerables se juegue en la mayor o menor voluntad o caridad de la gente, o en al existencia o inexistencia de instituciones benéficas'.
Para el colectivo, 'la sociedad gallega maduró socialmente y hoy hablamos de derechos exigibles y no de limosnas graciables'.
El secretario general de CIG-Ensino, Anxo Louzao, explicó al inicio de la marcha que se trata de una movilización más de las ya realizadas 'contra la privatización que pretende el PP' del Consorcio Galego de Igualdad e Benestar, contra los 61 despidos de este organismo y en demanda de que se aplique el convenio firmado en marzo de 2009.
Para Louzao, 'en una época de crisis los servicios sociales públicos son los que pueden amortiguar sus efectos, que siempre son los más desfavorecidos quienes los sufren, los que más los precisan' y -agregó- 'deben ser públicos para garantizar que sean de calidad y universales'.
En el mismo sentido se manifestó el portavoz nacionalista Guillerme Vázquez, para quien el carácter público 'es la única fórmula capaz de prestar los servicios en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y todo el ámbito territorial'.
También se pronunció el anterior vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, de cuyo departamento dependían estos servicios y el consorcio en la legislatura anterior.
'Este Gobierno -denunció- está destruyendo lo que era el germen de una red pública de servicios sociales, que constituiría la cuarta pata del Estado de bienestar'.
Agregó que no solo quiere destruir este germen, 'sino que, además, lleva la intención de deteriorar también los que existen, la sanidad, la educación y las pensiones'.
Para Quintana, 'tenemos un Gobierno que gobierna de espaldas a la gente que más lo necesita y la ciudadanía debe reclamar un cambio de rumbo al Gobierno y es lo que estamos haciendo hoy aquí', concluyó.
La plataforma en defensa del sistema público gallego de servicios sociales considera en un escrito que 'la beneficencia tuvo su época', pero 'la conciencia ciudadana y el estado social avanzaron de tal manera que hoy es impensable que la suerte última de los más vulnerables se juegue en la mayor o menor voluntad o caridad de la gente, o en al existencia o inexistencia de instituciones benéficas'.
Para el colectivo, 'la sociedad gallega maduró socialmente y hoy hablamos de derechos exigibles y no de limosnas graciables'.
El secretario general de CIG-Ensino, Anxo Louzao, explicó al inicio de la marcha que se trata de una movilización más de las ya realizadas 'contra la privatización que pretende el PP' del Consorcio Galego de Igualdad e Benestar, contra los 61 despidos de este organismo y en demanda de que se aplique el convenio firmado en marzo de 2009.
Para Louzao, 'en una época de crisis los servicios sociales públicos son los que pueden amortiguar sus efectos, que siempre son los más desfavorecidos quienes los sufren, los que más los precisan' y -agregó- 'deben ser públicos para garantizar que sean de calidad y universales'.
En el mismo sentido se manifestó el portavoz nacionalista Guillerme Vázquez, para quien el carácter público 'es la única fórmula capaz de prestar los servicios en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y todo el ámbito territorial'.
También se pronunció el anterior vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, de cuyo departamento dependían estos servicios y el consorcio en la legislatura anterior.
'Este Gobierno -denunció- está destruyendo lo que era el germen de una red pública de servicios sociales, que constituiría la cuarta pata del Estado de bienestar'.
Agregó que no solo quiere destruir este germen, 'sino que, además, lleva la intención de deteriorar también los que existen, la sanidad, la educación y las pensiones'.
Para Quintana, 'tenemos un Gobierno que gobierna de espaldas a la gente que más lo necesita y la ciudadanía debe reclamar un cambio de rumbo al Gobierno y es lo que estamos haciendo hoy aquí', concluyó.
