El Gobierno gallego aprobó ayer el anteproyecto de ley de convivencia en las aulas, que reconoce la figura del profesor como 'autoridad pública' y tipifica el acoso escolar 'por primera vez' en España. Además, con esta norma se pretende 'garantizar' la participación de los padres en los procesos educativos, como las consultas sobre el idioma en la enseñanza.
Loanunció el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde incidió en que esta ley busca 'crear y reforzar' los instrumentos jurídicos que permitan alcanzar y mantener un clima de convivencia que garantice el 'respeto' en los centros educativos de la comunidad.
Para ello, se posibilitará 'una respuesta jurídica inmediata y reeducadora' a comportamientos que perturben el correcto clima en los centros educativos, introduciendo además, por primera vez, en el plano legislativo la figura del acoso escolar 'con carácter preventivo y correctivo'.
Además, el texto recoge las aspiraciones de una 'mayoría' del profesorado de ver reconocida debidamente 'su función' por la sociedad y los poderes públicos. Así, el docente será considerado autoridad pública y dispondrá de la protección jurídica y de la presunción de veracidad 'necesaria para mantener el comportamiento escolar'.
El anteproyecto de ley, que pasará ahora al Parlamento, donde será debatido por los grupos políticos, busca también instaurar la corresponsabilidad de las familias a través de la participación, por lo que se regulará también 'la consulta y la participación directa' de las familias en el proceso educativo.
VACÍO LEGAL
De hecho, Feijóo se reafirmó en su decisión de regular las consultas a los padres a través de esta norma con el fin de 'cumplir con las advertencias' del Consello Consultivo -que detectó 'dudas de legalidad' en las encuestas sobre el idioma- y cumplimentar 'un vacío legal existente'. 'Espero y deseo que se pueda consultar en un país democrático', defendió.
Tras subrayar que se habilitará 'una fórmula' para que los padres puedan ser consultados sobre el idioma 'o sobre cualquier otra cosa', rechazó que proporcionar a los padres 'la oportunidad de que opinen y se puedan manifestar' vaya a generar 'una brecha o diferencias' en la educación de los gallegos en función del centro en el que estudien.
En cualquier caso, incidió en que el objetivo de esta norma va un paso más allá y da cumplimiento a dos compromisos adquiridos en la campaña electoral que le llevó a San Caetano: 'mejorar' la convivencia en los centros educativos de la comunidad y reconocer la autoridad del profesor dando respuesta a una demanda 'mayoritaria'.
Para ello, se posibilitará 'una respuesta jurídica inmediata y reeducadora' a comportamientos que perturben el correcto clima en los centros educativos, introduciendo además, por primera vez, en el plano legislativo la figura del acoso escolar 'con carácter preventivo y correctivo'.
Además, el texto recoge las aspiraciones de una 'mayoría' del profesorado de ver reconocida debidamente 'su función' por la sociedad y los poderes públicos. Así, el docente será considerado autoridad pública y dispondrá de la protección jurídica y de la presunción de veracidad 'necesaria para mantener el comportamiento escolar'.
El anteproyecto de ley, que pasará ahora al Parlamento, donde será debatido por los grupos políticos, busca también instaurar la corresponsabilidad de las familias a través de la participación, por lo que se regulará también 'la consulta y la participación directa' de las familias en el proceso educativo.
VACÍO LEGAL
De hecho, Feijóo se reafirmó en su decisión de regular las consultas a los padres a través de esta norma con el fin de 'cumplir con las advertencias' del Consello Consultivo -que detectó 'dudas de legalidad' en las encuestas sobre el idioma- y cumplimentar 'un vacío legal existente'. 'Espero y deseo que se pueda consultar en un país democrático', defendió.
Tras subrayar que se habilitará 'una fórmula' para que los padres puedan ser consultados sobre el idioma 'o sobre cualquier otra cosa', rechazó que proporcionar a los padres 'la oportunidad de que opinen y se puedan manifestar' vaya a generar 'una brecha o diferencias' en la educación de los gallegos en función del centro en el que estudien.
En cualquier caso, incidió en que el objetivo de esta norma va un paso más allá y da cumplimiento a dos compromisos adquiridos en la campaña electoral que le llevó a San Caetano: 'mejorar' la convivencia en los centros educativos de la comunidad y reconocer la autoridad del profesor dando respuesta a una demanda 'mayoritaria'.
