La Xunta sostiene que 'no está en vigor' y 'no es susceptible' de sufrir efectos retroactivos

El PSdeG teme los efectos de la nueva valoración de casas

María José Caride, portavoz de los socialistas en el área de Facenda. (Foto: ARCHIVO)
El PSdeG exigió ayer a la Xunta de Galicia la paralización de la orden 'de incremento de precios' de los inmuebles por suponer una subida 'encubierta de impuestos de un 30 %'. La portavoz de Facenda del grupo socialista, María José Caride, informó de que presentó alegaciones al texto por los 'aumentos desproporcionados e injustificados del precio' y denuncia la 'doble moral' del Gobierno gallego.
A su juicio, la Ley de Vivienda de la Xunta 'olvida los derechos de los ciudadanos' para 'favorecer la especulación y los intereses de los promotores'. 'El Gobierno que presumía de rebajar los impuestos resulta que los aumenta por la puerta de atrás al incrementar la base de cálculo', critica Caride.

Sobre este asunto, el sindicato agrario Xóvenes Agricultores asegura que en la orden 'se observa que el valor del suelo aumenta el doble, mientras que el valor de las viviendas se incrementa hasta el triple con la aplicación de los nuevos baremos'.

Por su parte, la Consellería de Facenda asegura que la orden por la que se prevé un sistema de precios establecidos para los inmuebles rurales y urbanos 'no está aún en vigor y no es susceptible de tener efectos retroactivos'.

Recordó que está en periodo de alegaciones y ha subrayó que este proyecto de orden permitirá conocer de forma 'objetiva, sencilla y precisa el valor de mercado' en los diferentes ayuntamientos gallegos.

Facenda explica que este sistema 'puede ser de gran utilidad en situaciones de desacuerdo o incertidumbre', tanto para el comprador como para el vendedor, y especifica que el modelo se fijará a partir de estudios técnicos detallados y evitará discriminaciones entre entidades locales.

También indica que la Administración autonómica se decidió por este sistema después de analizar estudios técnicos y apuntó que la futura orden reguladora 'garantizará un tratamiento administrativo homogéneo de transacciones en similares circunstancias', lo que asegurará la equidad.

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