La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha mostrado su disposición a abrir cauces de diálogo con aquellas Comunidades que deseen plantear nuevas negociaciones de traspasos derivadas de sus reformas estatutarias, además de los compromisos que ya se han asumido en las respectivas comisiones bilaterales constituidas.
Durante su comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Salgado ha indicado que ni el interés general es patrimonio exclusivo del Gobierno de la nación, ni los intereses propios de cada comunidad autónoma son indiferentes al interés general o a otros intereses autonómicos.
Por ello, la ministra ha dicho que el avance de España necesita la actuación coordinada de todos.
Tras desvelar que en la pasada legislatura se aprobaron 107 traspasos a las autonomías, se ha comprometido a trabajar para avanzar en aquellas competencias que tienen una importancia relevante en la prestación de servicios públicos para los ciudadanos.
Al respecto se ha referido a la Administración de Justicia, al Instituto Social de la Marina, a la gestión de los parques nacionales y a la gestión de la sanidad penitenciaria.
Para alcanzar el máximo nivel de eficacia en el funcionamiento de este Estado, ha anunciado que en esta legislatura se van a potenciar la Conferencia de Presidentes y las conferencias sectoriales.
Sobre la Conferencia de Presidentes, ha reiterado que se dotará a este instrumento de un reglamento interno de funcionamiento, mientras que de las segundas ha afirmado que se dará un mayor ritmo a la celebración de las reuniones.
Acerca de las lenguas, Salgado ha señalado que a través del Consejo y la Oficina de Lenguas se cumplirá el mandato legal de garantizar antes del 31 de diciembre de 2009 el uso de todos los idiomas cooficiales en las relaciones por medios electrónicos entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.
Asimismo, ha apostado por una redefinición del papel de la Administración General del Estado en el nuevo mapa derivado de la asunción de competencias por parte de las autonomías, especialmente tras la aprobación de las nuevas reformas estatutarias.
En su comparecencia, Salgado ha indicado que, diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), el Gobierno pretende abordar una reforma en profundidad del modelo del Estado en el territorio.
Ha detallado que se trata de reforzar la presencia de la Administración General del Estado (AGE) en el territorio y de diseñar un modelo con competencias claramente definidas, a fin de prestar unos mejores servicios de atención directa al ciudadano.
Por eso, ha anunciado que antes del final del 2009 todas las oficinas de información y atención al ciudadano en las oficinas y subdelegaciones del Gobierno se transformarán en oficinas de atención integrada en el 060.
Se ha referido además a la reforma de la financiación autonómica y ha confiado en alcanzar un consenso satisfactorio para todos en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Un acuerdo que asuma un equilibrio entre los intereses de todos para que el conjunto siga avanzando, que garantice la suficiencia financiera, que sea solidario, que garantice el mismo nivel de prestaciones de servicios públicos fundamentales en todo el país.
Y que, además, parta de la base de aumentar la participación de las autonomías en los impuestos que recauda el Estado y potenciar la corresponsabilidad fiscal.
También ha hablado de la ineludible necesidad de modificar el sistema de financiación local y al proyecto de ley de bases de Gobierno local, iniciativas para las que ha pedido un esfuerzo de consenso.
Ha recalcado que, pese a la postura contraria de algunos partidos, el propósito del Gobierno es plantear la reforma del sistema de financiación local de forma paralela y coherente con la autonómica.
En su opinión, también deben estudiarse normas adecuadas para reforzar el control político de los Ayuntamientos y regular las figuras de los cargos municipales, a fin de garantizar la transparencia de su actuación.
Por ello, la ministra ha dicho que el avance de España necesita la actuación coordinada de todos.
Tras desvelar que en la pasada legislatura se aprobaron 107 traspasos a las autonomías, se ha comprometido a trabajar para avanzar en aquellas competencias que tienen una importancia relevante en la prestación de servicios públicos para los ciudadanos.
Al respecto se ha referido a la Administración de Justicia, al Instituto Social de la Marina, a la gestión de los parques nacionales y a la gestión de la sanidad penitenciaria.
Para alcanzar el máximo nivel de eficacia en el funcionamiento de este Estado, ha anunciado que en esta legislatura se van a potenciar la Conferencia de Presidentes y las conferencias sectoriales.
Sobre la Conferencia de Presidentes, ha reiterado que se dotará a este instrumento de un reglamento interno de funcionamiento, mientras que de las segundas ha afirmado que se dará un mayor ritmo a la celebración de las reuniones.
Acerca de las lenguas, Salgado ha señalado que a través del Consejo y la Oficina de Lenguas se cumplirá el mandato legal de garantizar antes del 31 de diciembre de 2009 el uso de todos los idiomas cooficiales en las relaciones por medios electrónicos entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.
Asimismo, ha apostado por una redefinición del papel de la Administración General del Estado en el nuevo mapa derivado de la asunción de competencias por parte de las autonomías, especialmente tras la aprobación de las nuevas reformas estatutarias.
En su comparecencia, Salgado ha indicado que, diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), el Gobierno pretende abordar una reforma en profundidad del modelo del Estado en el territorio.
Ha detallado que se trata de reforzar la presencia de la Administración General del Estado (AGE) en el territorio y de diseñar un modelo con competencias claramente definidas, a fin de prestar unos mejores servicios de atención directa al ciudadano.
Por eso, ha anunciado que antes del final del 2009 todas las oficinas de información y atención al ciudadano en las oficinas y subdelegaciones del Gobierno se transformarán en oficinas de atención integrada en el 060.
Se ha referido además a la reforma de la financiación autonómica y ha confiado en alcanzar un consenso satisfactorio para todos en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Un acuerdo que asuma un equilibrio entre los intereses de todos para que el conjunto siga avanzando, que garantice la suficiencia financiera, que sea solidario, que garantice el mismo nivel de prestaciones de servicios públicos fundamentales en todo el país.
Y que, además, parta de la base de aumentar la participación de las autonomías en los impuestos que recauda el Estado y potenciar la corresponsabilidad fiscal.
También ha hablado de la ineludible necesidad de modificar el sistema de financiación local y al proyecto de ley de bases de Gobierno local, iniciativas para las que ha pedido un esfuerzo de consenso.
Ha recalcado que, pese a la postura contraria de algunos partidos, el propósito del Gobierno es plantear la reforma del sistema de financiación local de forma paralela y coherente con la autonómica.
En su opinión, también deben estudiarse normas adecuadas para reforzar el control político de los Ayuntamientos y regular las figuras de los cargos municipales, a fin de garantizar la transparencia de su actuación.
