El gobierno bipartito de la Diputación de Lugo acusó ayer a la Consellería de Traballo e Benestar de haber optado 'un año más' por discriminar a esta provincia, al dejarla sin financiación autonómica para servicios sociales y empleo, pero la oposición del PP culpa al presidente de la institución provincial de esta situación, por buscar la 'confrontación'.
En un comunicado, el gobierno de la Diputación sostiene que la Consellería de Traballo e Benestar decidió mantener la convocatoria prevista para ayer, en la que firmó convenios de colaboración con las otras tres diputaciones gallegas en materia de servicios sociales y empleo, después de 'consensuarlos con sus presidentes provinciales'.
Sin embargo, 'hizo caso omiso a la petición' de Gómez Besteiro, indica el bipartito, que solicitó una 'reunión urgente' con los responsables de la Xunta de Galicia para 'acordar' la financiación necesaria por parte de cada una de las administraciones implicadas en garantizar esas prestaciones, 'en base a las necesidades de los vecinos, como se hizo en las otras provincias gallegas'.
Gómez Besteiro reclama del Gobierno gallego 'el mismo trato para la provincia de Lugo que para A Coruña, Pontevedra y Ourense', por lo que insiste en la 'necesidad de mantener una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. De hecho, Besteiro solicitó en una carta al jefe del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, una reunión para hablar sobre la financiación de los servicios sociales básicos, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Gómez Besteiro afirma que, aunque la Diputación de Lugo fue convocada para formalizar un convenio de colaboración con la Xunta en esa materia, 'no existe un mínimo consenso para poder firmar' acuerdo 'alguno' en esa materia, porque los 'intereses' de los 'vecinos de la provincia de Lugo' podrían verse de nuevo 'lesionados'. Según el Gobierno provincial, el pasado año la Xunta no le concedió 'ni un solo euro a los lucenses', pero gastó más de 13 millones en financiar los servicios sociales y las políticas activas de empleo de los demás gallegos, porque firmó acuerdos de colaboración con todas las Diputaciones provinciales, excepto con la de Lugo.
Según la diputación lucense que 'representantes del ejecutivo autonómico' mantuvieron reuniones con 'los titulares provinciales', para que 'ambas partes definiesen el convenio de colaboración de servicios sociales y empleo', pero 'en Lugo se celebraron dos encuentros con técnicos de la Consellería de Traballo e Benestar sin capacidad negociadora'.
Sin embargo, la visión de la portavoz provincial del Partido Popular, Elena Candia, es totalmente diferente, porque opina que 'Lugo sufre una vez más las consecuencias de tener un presidente de la Diputación más preocupado por su carrera política que por las necesidades de la provincia'.
Sin embargo, 'hizo caso omiso a la petición' de Gómez Besteiro, indica el bipartito, que solicitó una 'reunión urgente' con los responsables de la Xunta de Galicia para 'acordar' la financiación necesaria por parte de cada una de las administraciones implicadas en garantizar esas prestaciones, 'en base a las necesidades de los vecinos, como se hizo en las otras provincias gallegas'.
Gómez Besteiro reclama del Gobierno gallego 'el mismo trato para la provincia de Lugo que para A Coruña, Pontevedra y Ourense', por lo que insiste en la 'necesidad de mantener una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. De hecho, Besteiro solicitó en una carta al jefe del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, una reunión para hablar sobre la financiación de los servicios sociales básicos, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Gómez Besteiro afirma que, aunque la Diputación de Lugo fue convocada para formalizar un convenio de colaboración con la Xunta en esa materia, 'no existe un mínimo consenso para poder firmar' acuerdo 'alguno' en esa materia, porque los 'intereses' de los 'vecinos de la provincia de Lugo' podrían verse de nuevo 'lesionados'. Según el Gobierno provincial, el pasado año la Xunta no le concedió 'ni un solo euro a los lucenses', pero gastó más de 13 millones en financiar los servicios sociales y las políticas activas de empleo de los demás gallegos, porque firmó acuerdos de colaboración con todas las Diputaciones provinciales, excepto con la de Lugo.
Según la diputación lucense que 'representantes del ejecutivo autonómico' mantuvieron reuniones con 'los titulares provinciales', para que 'ambas partes definiesen el convenio de colaboración de servicios sociales y empleo', pero 'en Lugo se celebraron dos encuentros con técnicos de la Consellería de Traballo e Benestar sin capacidad negociadora'.
Sin embargo, la visión de la portavoz provincial del Partido Popular, Elena Candia, es totalmente diferente, porque opina que 'Lugo sufre una vez más las consecuencias de tener un presidente de la Diputación más preocupado por su carrera política que por las necesidades de la provincia'.
